POR UN FORO SOCIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

4º. Foro Estatal sobre el Transporte Urbano

San Luis Potosí, S.L.P. Junio 19 de 2013

ESTE ES EL POSICIONAMIENTO Y LAS PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO CIVICO DEMOCRATICO, A.C.

HABLEMOS DE DEMOCRACIA Y TRANSPORTE PUBLICO

(..porque el FORO que ha convocado el poder legislativo potosino, con todo respeto sea dicho,  NO ES NINGUNA GRACIOSA CONCESION sino producto de la lucha social de miles de potosinos y potosinas durante muchísimos años...)

Es imprescindible trabajar en aportes de índole ciudadana, académica, social, sindical, no gubernamental, a través de propuestas y Estudios de la Realidad Económica y Social, dirigidos a los actuales detentadores de la Política y a quienes toman, hasta el momento, decisiones sobre Políticas Públicas de Movilidad Urbana, ya sea Gobiernos Federales. Estatales o Municipales, articulándose en temas de espacios públicos, democratización del transporte en la ciudad, optimización del transporte público para las mayorías y promover los sistemas BRT (Bus Rapid Transit) de éxito demostrado en muchos países de Latinoamérica.

Ya no podemos seguir en zona de espera. Ha llegado el momento de Hablar Actuando.

En lo particular, consideramos que HOY 19 DE JUNIO DE 2013, en este FORO DE TRANSPORTE convocado por el poder legislativo potosino, LOS DE la ciudadanía llevamos desventaja como siempre, pues a esta fecha es hora de que no se nos ha dado a conocer AMPLIA Y CABALMENTE TODO lo relacionado con el multimillonario ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA que desde 2012 el Gobierno del Estado concursó con el despacho Felipe Ochoa y Asociados, que de acuerdo a los términos de referencia del concurso, ya se procedió a terminarlo y, dado que SOLAMENTE se ha semi-informado A LA POBLACION EN GENERAL que ya se entregó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas estatal, SERIA PERTINENTE CONOCERLO EN SU TOTALIDAD, y no nada más quedarnos con la información parcial y amañada que sugiere o induce a soluciones que de otra forma necesitan el consenso y no nada más el interés de privados y funcionarios.

EN SI, LO QUE SABEMOS HASTA EL MOMENTO POR PARTE DEL MENCIONADO ESTUDIO ES QUE "Hay demasiadas rutas de camiones urbanos, lo que provoca altos costos de operación, vialidades saturadas y contaminación ambiental, advierte el propuesto Plan Integral de Movilidad.

 El transporte urbano de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí es un caos. Al menos eso es lo que afirma el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable realizado por el despacho Felipe Ochoa y Asociados, con recursos del Banco Mundial (BM).

¿Echar a andar un proyec­to de metrobús es la única solución?.

Los resultados del estudio arrojaron que las mil unidades de transporte público existentes en San Luis distri­buidas en 72 ramales son excesivas, porque la mayor parte del tiempo operan con una ocupación del 30 o 35%, lo que provoca altos costos de operación, kilómetros en vacío, vialidades urbanas muy saturadas y contaminación atmosférica.

La sobreoferta de transpor­te público, aseguran los autores, se acentúa en “horas valle” cuan­do existe menor demanda del ser­vicio. Adicionalmente, la Zona Metropolitana no cuenta con uni­dades de baja intensidad como otras ciudades del país, dígase combis o microbuses.

Agrega que los autobuses usan paradas informales, lo que incre­menta el tiempo de transporte. Los usuarios esperan en promedio 8 minutos para tomar el camión y caminan 5 minutos después de bajarse para llegar a su destino.

La zona centro tiene potencial de convertirse en polo turístico, advier­ten, pero tiene altas limi­taciones de capacidad vial. Requiere movilidad no motorizada y reordena­miento de rutas.

Implementar un sistema de trans­porte que aproveche la infraestruc­tura vial existente, reduzca los tiem­pos de viaje, alivie la presión sobre calles y avenidas y reduzca la con­taminación vehicular es el objetivo.

¿QÚE HACER?

El Plan Integral de Movilidad propone la puesta en marcha de dos rutas de metrobús, que se conocerían como corredor 12 y corredor 03. El prime­ro beneficiaría a un total de 52,639 pasajeros, mientras que el segundo ayudaría a 43, 773 potosinos.

El Corredor 3 circularía por la carretera San Luis Querétaro, avenida Universidad, calle Juan Sarabia, Manuel José Othón, 20 de Noviembre, Reforma y Constitución. El Corredor 12 circularía por Salvador Nava, carretera a Matehuala, Acceso Norte, 20 de Noviembre, avenida de la Paz, carretera a Zacatecas, Avenida doctor López Hermosa, Morales Saucito, Azufre, calles Cobre y Antimonio, Arsénico, Pintores, avenida Venustiano Carranza hasta la Glorieta Bocanegra y calles Niño Artillero y doctor Manuel Nava.

Los autobuses tendrían capa­cidad para 100 pasajeros, contarían con un carril preferente y los para­buses se ubicarían cada 330 metros. Un buen número de rutas actuales desaparecerían antes de que el nue­vo sistema entrara en operaciones.
El grupo consultor sugiere, como una segunda posibilidad, comprar autobuses de 160 pasajeros, pero advierte que para echar andar esta propuesta se requerirían construir obras costosas para sustituir el carril de rodamiento.

La puesta en marcha de ambos corredores requiere una inversión global de 438 millones de pesos, el 45 por ciento sería aportado por la Iniciativa Privada y el 55 por cien­to restante por la administración pública.

 Cabe recordar que la elabo­ración del estudio costó 15 millo­nes de pesos y fueron aportados por el Banco Mundial, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que administra Banobras. Por esa razón, el plan considera que el Fonadin aportaría el 27 por ciento de los recursos necesarios para que los corredores se conviertan en una realidad.

PLANEANDO CORREDORES DE TRANSPORTE

CORREDOR TRONCAL 3

> 16.2 kilómetros de carril preferente.
> 1 terminal.
> 99 estaciones y/o paradas en ruta.
> 18 unidades de alta capacidad con capacidad de 100 pasajeros.

CORREDOR TRONCAL 12

> 23.5 kilómetros de carril preferente.
> 1 terminal.
> 144 estaciones y/o paradas en ruta.
> 29 unidades de alta capacidad con capacidad de 100 pasajeros.
---..."

LO ANTERIOR MARCA YA UNA ENORME DIFERENCIA HACIA LA PROBABLE Y DESEADA SOLUCION DE TAN AÑEJO PROBLEMA EN SAN LUIS POTOSÍ, México.

En estos tenores, ya desde 2009, 2010, 2011, 2012, muchas organizaciones de lucha ciudadana nos posicionamos al respecto ya habiendo previsto tal diagnostico y adelantado propuestas, y fue muy esperado el estudio oficial (aunque caro y retrasado) pero SI YA SE CUENTA CON LOS ESTUDIOS, AHORA HAY QUE DIFUNDIRLOS, CONSENSARLOS Y PERFECCIONARLOS CON LA OPINION CIUDADANA, Y DE TODAS LAS PARTES BUSCANDO UN SISTEMA INTEGRAL, EFICIENTE, JUSTO, DEMOCRATICO, Y ECONOMICO.

QUE YA NO SEA NUNCA MAS EL NEGOCIO DE UNOS CUANTOS EN PERJUICIO DE LA MAYORIA.

Saber de Transporte*, no es conocerlo; para conocerlo hay que vivirlo cotidianamente. El Transporte Público es la Herramienta indispensable de movilidad para una mejor calidad de vida, desarrollo y economía regional. Si el Sistema de Transporte Urbano Público se estanca y no se moderniza, entonces se estanca también el desarrollo Socio económico de la entidad, empobreciendo la calidad de vida del Ciudadano.

(*con especial dedicatoria a los integrantes del "Consejo Técnico Consultivo del Transporte" presidido por el titular de la SCT estatal, a los 27 diputados estatales, al gobernador y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a los presidentes municipales, miembros de los cabildos y funcionarios de ayuntamientos, y, en general, a los opinólogos que de todo dicen saber pero nada hacen para resolver correctamente este problema)

Requerimos una verdadera Autoridad Metropolitana del Transporte en San Luis Potosí. Un Plan de Ordenamiento Territorial acorde a las actuales y futuras necesidades de crecimiento y de movilidad urbana. 

Una Instancia de Fiscalización del Servicio de Transporte Urbano Colectivo que garantice a la ciudadanía usuaria equidad, economía, eficiencia y dignidad, así como transparencia y participación en la toma de decisiones.

Ya no más acuerdos de intereses entre políticos corruptos y permisionarios voraces. Abrámonos a la modernidad. Que los municipios tengan la responsabilidad del servicio público de transporte colectivo y que el estado solo sea órgano normativo. Que el legislativo regule un marco tarifario justo y equitativo, garantizándonos tener toda la información técnico-financiera-jurídica pertinente, oportuna y suficiente para la toma de decisiones y, sobre todo, que los diputados y otros funcionarios estatales y/o municipales no sean juez y parte, es decir que ya no trafiquen con concesiones a su favor ni representen solo los intereses de los permisionarios como lo han hecho hasta ahora. 

YA ES HORA DE QUE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA TOMEMOS CARTAS EN EL ASUNTO ANTE EL FRACASO DE LOS GOBIERNOS Y LEGISLADORES EN EL TEMA.

URGE Y ES NECESARIO CONTAR CON UN SISTEMA ESTRUCTURADO DE TRANSPORTE COLECTIVO DIGNO, EFICIENTE Y ECONÓMICO. HAGAMOS QUE HAYAN VALIDO LA PENA LOS MAS DE QUINCE MILLONES DE PESOS GASTADOS DE NUESTROS IMPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA QUE PRAXTICAMENTE TUVO LA CIUDADANIA QUE OBLIGAR AL GOBIERNO A MANDAR ELABORAR.

No todo versa sobre lo TÉCNICO, pues hay consideraciones de índole social, jurídica y económica que hay que tomar en cuenta, sobre todo asegurar que el control sustancial de los PLANES DE MODERNIZACION INTEGRAL Y SU OPERACION ESTEN FISCALIZADOS PERMANENTEMENTE POR LA CIUDADANIA Y NO DEJADOS EN LAS SOMBRAS DE LOS ESCRITORIOS Y OFICINAS TANTO DE BUROCRATAS COMO DE PERMISIONARIOS O EMPRESAS.

ES IMPORTANTE revisar y vigilar el desarrollo, adecuación, actualización y cumplimiento de la normatividad y del régimen jurídico vigente en materia de transporte y movilidad urbana en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Así mismo, valorar las significaciones y alcances de la dimensión económica que el sector de transporte de pasajeros, conforme a sus características e incidencia, tiene en San Luis al respecto. Tampoco debemos dejar de lado las sustentaciones que sobre la concepción y principios de SERVICIO PÚBLICO, y principalmente sobre el reconocimiento y previsión de los derechos humanos de los usuarios, tiene obligación el Estado de garantizar.

A LA FECHA, no existe un verdadero PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD URBANA que este en concordancia con los Planes de Ordenamiento Territorial. que reorganice las rutas del transporte urbano y el tráfico sobre ejes que permitan incrementar la movilidad y abatir los enormes índices de contaminación atmosférica en nuestra ciudad capital. Dicho PLAN debería permitir instrumentar una verdadera estructura técnica, legal y financiera para la operación del Sistema de Transporte Urbano Colectivo.

ES OBLIGACIÓN INELUDIBLE DEL EJECUTIVO DEL ESTADO y no de algún otro orden de gobierno, en concurso con los Ayuntamientos, garantizarnos la prestación de un Servicio Público de Transporte EFICIENTE, SEGURO, OPORTUNO y ECONÓMICO; obligación INCUMPLIDA desde siempre, dado que es perceptible que en los últimos 30 años las administraciones estatales no han podido o no han querido tampoco, hacer uso de la totalidad de las herramientas normativas a su alcance, y como es evidente, el servicio de transporte público HOY DÍA sigue en una situación que en la realidad no corresponde con lo deseado por el pueblo potosino.

LAMENTABLEMENTE cada año, sobre todo en época de elecciones estudiantiles, aumenta el fervor social en contra de los incrementos a las tarifas ante la morosidad del gobierno del estado para resolver DE FONDO la problemática, que va mas allá de las tarifas; el actual mandatario estatal es omiso, irresponsable y probablemente INCAPAZ de hacerlo.

MIENTRAS NO SE TENGA LA VOLUNTAD NI LA CAPACIDAD DE GOBERNAR AL LADO DEL PUEBLO NINGUNA ACCIÓN DEL EJECUTIVO SERÁ BIENVENIDA.

YA ESTAMOS HARTOS HASTA EL CANSANCIO DE QUE CADA AÑO SEA LO MISMO. LA CIUDADANÍA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA.

La reforma del transporte público significa mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El transporte público es una industria y un negocio, además de ser una preocupación social. 

El enfoque, digamos político, del problema, reside en que en un "sistema democrático" debería de ofrecerse a la comunidad de usuarios la oportunidad real y vinculante para que exprese su opinión de Qué Es y Qué No Es importante.

Si el Estado o el Municipio, a través de sus representantes "elegidos por el pueblo", está dispuesto a auto-imponernos un impuesto específico o un aumento de tarifas, que se invierta efectivamente en la mejora sustancial y radical del transporte público, deben demostrar primero que se tendrán dichos beneficios en el sistema de transporte público, independientemente de cualquier medida cuantitativa.

Esto debería implicar un proceso político (en el sentido correcto, polis, ciudad, o muchos, y no peyorativo electoral o de grilla), dicho proceso político debería ser un indicador de los reales valores de la comunidad organizada.

Sin embargo existe la probabilidad de que dicho proceso político, sea pervertido como siempre, por unos actores y por otros, ante la falta de la organización de usuarios, y resulte nuevamente que en este proceso se represente la voluntad popular de manera equivocada. 

Así por ejemplo, la carencia de debates reales, una competencia desleal entre ideas opuestas o diferentes, la sobre-representación de intereses especiales o maliciosos o de lucro, y la consideración de temas para nada relacionados, puede inhibir, y de hecho lo hace siempre, cada año, desde hace años, la correcta interpretación de una decisión acertada sobre el transporte público como una oportunidad para medir beneficios reales a la mayoría sobre todo, incluso a los permisionarios, pero actualmente el sistema es carente de lógica, de honestidad, de transparencia y, sobre todo, carente de voluntad política de nuestros "representantes".

Este es el problema.

Y por lo tanto, ¿cuáles serían las soluciones inmediatas? ¿qué debemos hacer?

Necesitamos crear la interlocución y el enlace con universidades y asociaciones profesionales, con sindicatos y juntas vecinales, con colectivos urbanos y con medios de comunicación. Necesitamos crear las condiciones para realizar un Foro Social Ciudadano. 
http://www.facebook.com/ForoSocialReformaTransporteSLP

Esto servirá para no solo para atender el problema que hoy nos ocupa, el del transporte, sino también para el del agua potable, la inseguridad etc... pero deberemos ordenar la agenda...SI NO HAY vinculación entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, difícilmente habrá solución efectiva a nuestros problemas comunes.

PROPUESTA DE Articulación de un SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO O COLECTIVO:

*Municipalización del transporte público o, en su defecto, mayor integración de los ayuntamientos con poder de decisión, transparencia mediante Consejos Municipales de Transporte, CIUDADANIZADOS.

*Ordenar las concesiones, promover sistemas mixtos de movilidad.

*Diseñar Rutas Eficientes.

*Una Tarifa justa y equitativa.

*Derechos laborales de los choferes asegurados. 

*Jornada máxima para los choferes de 8 horas, no de 14.

*Tarifa Cero para Adultos Mayores de 70 años.

*Adecuación de la Planeación Urbana, contar con avenidas con carriles exclusivos al transporte, desconcentración del trafico de camiones en la alameda. 
*Rutas radiales no monocéntricas.

*Participación Ciudadana en la toma de decisiones;

*Establecer políticas de ordenamiento, y de planeación que privilegien la escala humana sobre el vehículo automotor. 

*Recuperar el concepto de Comunidad para la organización del territorio.

*Una visión integral entre los estudios de impacto ambiental y vial.

-*LA PARTICIPÁCION RESPONSABLE Y OBLIGADA CON PODER OPERATIVO Y/O EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS.

 

Finalmente, de NADA sirve REFORMAR LA LEY EXISTENTE: es necesario crear una NUEVA LEY, LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, y que no sea una simple suma de los mismos artículos de la anterior sino que responda a las nuevas necesidades y dé soporte y sea fundamento para la instauración de UN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO, porque sería perder esta oportunidad histórica si todas las propuestas necesarias consensadas y las soluciones derivadas, NO TUVIERAN SU PROPIO MARCO NORMATIVO ESPECIFICO..

(Es muy importante crear una NUEVA Ley de Movilidad y Transporte QUE NO contenga las mismas disposiciones y estructura de la vigente Ley Estatal de Transporte Urbano. QUE NO SEA UNA SUMA DE artículos redactados de manera idéntica al documento existente; NECESITAMOS CONSTRUIR un nuevo modelo de movilidad, NO APOSTANDO AL MISMO marco jurídico.)

QUE SE COMFORME UNA VERDADERA AUTORIDAD METROPOLITANA INTERMUNICIPAL DEL TRANSPORTE COLECTIVO.

QUE ESTE FORO SE VUELVA SOCIAL Y PERMANENTE, UN VERDADERO PARLAMENTO SOCIAL Y ABIERTO, NO NADA MAS RECURRENTE Y ESPORADICO O CIRCUNSTANCIAL, PARA ESTE Y MUCHOS OTROS TEMAS DE LA SOCIEDAD A LA QUE REPRESENTAN.

INFORMACION+ORGANIZACION+PARTICIPACION Y MOVILIZACION=SOLUCION

ATENTAMENTE

ING. JOSE MANUEL MARTINEZ GUIZA

VOCERO GENERAL DEL MOVIMIENTO CIVICO DEMOCRATICO, A.C.

movcivdemslp@gmail.com

Twitter @movcivdemslp

Facebook /movimientocivicodemocratico.ac.slp

http://www.movimientocivicodemocratico.blogspot.mx

Iniciativa ciudadana para regular publicidad gubernamental en San Luis Potosí, México

APOYEMOS FIRMEMENTE ESTA INICIATIVA CIUDADANA PARA REGULAR LA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL Y TERMINAR ASÍ CON EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS. 

 Al regularse la publicidad gubernamental se suprimirán malas y viejas prácticas de control gubernamental sobre medios y del abuso de muchos de estos.

En San Luis Potosí en donde “no hay dinero para nada”, se gastó en el 2011, más de 57 millones de pesos, es decir, casi 5 millones de pesos mensuales en  “publicidad oficial”. Lo anterior es inaceptable cuando se trata de dinero público, de nuestro dinero, del dinero de la famosa tenencia que se empeñaron en cobrar, del dinero de los nuevos impuestos a nominas que inventaron. 

Resulta que la ecuación es absurda: pagamos a políticos para que nos digan en los medios que son los mejores para gobernar, para luego darnos cuenta que se trataba de una farsa, de una mera percepción inducida y pagada con nuestros propios recursos. Más kafkiano no podría ser…

El informe deja en claro que el gobierno abusa de los medios de comunicación y muchos medios de comunicación chantajean al gobierno en una relación perversa que, pone a las y los periodistas ante la disyuntiva de ganar más como vendedores de “publicidad oficial”, u obtener sueldos paupérrimos y quedar fuera del círculo de los reporteros más destacados del medio para el que trabajan.

Resulta urgente cambiar la relación entre ciudadanos, gobiernos y medios para que el uso de estos recursos públicos sea idóneo. Los mensajes tienen que llegar a las personas que los requieren. Una propuesta sería la de acotar todos los mensajes de los gobiernos a los tiempos de Estado; otra manos radical implica una serie de reglas y mecanismos para que los medios se usen para lo que son: promocionar los derechos humanos y garantizar el derecho a la información.

En San Luis Potosí no existe norma especifica que determine los criterios de asignación de la publicidad oficial. Esta repartición discrecional de la publicidad oficial, debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político a ciertos medios de comunicación. Es claro que el gobierno local trata de construir su escasa legitimación a través de un simulacro de información, en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas.

Finalmente con el objeto de ser propositivo, el pasado mes de enero presente ante el Congreso una iniciativa precisamente para generar una regulación local que termine con este  abuso y despilfarro de millones de pesos. La iniciativa puede ser consultada en: http://issuu.com/garzamarroquin/docs/iniciativa_con_proyecto_de_decreto?mode=window.

Al tiempo se verá el “compromiso” de quienes se ostentan como nuestros “representantes”. ¿Actuarán con sensatez o se convertirán en besa manos? No lo se, al tiempo

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Iniciativa Ciudadana

San Luis Potosí a 11 de diciembre de 2012

Ciudadanas y ciudadanos legisladores integrantes de la LX

Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

C.C. Secretarios de las Comisiones.

Presentes.

José Mario de la Garza Marroquín, ciudadano potosino, en pleno ejercicio de los derechos políticos que me reconoce de forma amplia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y en particular su artículo 61 respecto del derecho de iniciar leyes; en conformidad con lo preceptuado en los artículos 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar artículo 52 Bis a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; y reformar la fracción XXV del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer en nuestra legislación vigente los lineamientos mínimos para la contratación de publicidad en medios de comunicación por parte de las entidades públicas y las respectivas obligaciones análogas en materia de transparencia y rendición de cuentas, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, inciso 3, establece que: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Sin ánimo de discurrir el alcance de este derecho en su espectro constitucional más amplio, y sus consecuentes implicaciones en los gobiernos locales, es innegable que nuestro país ha dado pasos significativos para normar y transparentar los esquemas de comunicación gubernamental, hasta ahora restringidos a la regulación en períodos electorales o respecto de la modalidad que deben guardarlos mensajes oficiales subvencionados con recursos públicos, pero que finalmente son indicativos de una tendencia que cobra cada vez mayor fuerza y consenso social: el uso de recursos públicos para contratar publicidad en medios de comunicación por parte de las entidades gubernamentales no puede, ni debe, seguir siendo un resabio de discrecionalidad o intento de control por parte de las autoridades, y que al regularlo con parámetros mínimos y transparencia, se abonará a ensanchar y consolidar la libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus trabajadores.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión consigna en su numeral quinto que: "La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión". Mas allá delos abiertos ataques de que pudieran ser víctimas los medios de comunicación y los comunicadores, es evidente que uno de los principales recursos que utilizan las autoridades en nuestro país para obtener un trato preferencial por parte delas empresas de medios, es condicionar la celebración de convenios de publicidad o el pago de los mismos, a la moderación de la línea editorial y la crítica que pueden verter sobre las distintas actuaciones gubernamentales.

Baste recordar aquella penosa frase de "No pago para que me peguen", acuñada por José López Portillo hace más de 30 años, a propósito del discurso del prominente periodista potosino, Francisco Martínez de la Vega, quien durante la celebración del Día de la Libertad de Prensa, expresó ante el entonces presidente su inconformidad por el retiro de la publicidad oficial a la revista Proceso: “Cuando la autoridad sataniza a un profesional o a una publicación,algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible, ya que sobran quienes, en todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad que mantener una relación normal con el periodista y su publicación satanizados. No puedo soslayar que esta situación es preocupación grave para el periodismo mexicano".

Por su parte, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"; y en cuanto a la contratación de anuncios en los medios de comunicación preceptúa que: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos,las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar"

Como puede apreciarse, el artículo constitucional comienza invocando principios de eficiencia y eficacia a la hora de utilizar recursos públicos, y concluye estableciendo principios rectores para la emisión de los mensajes que emitan las autoridades gubernamentales, el eslabón que podría completar esta ecuación relacional entre la optimización de los recursos públicos y la des-partidización, des-personalización y des-politización de la propaganda gubernamental, es sin duda, la reglamentación y publicidad de los procedimientos de contratación de los medios de comunicación por parte de las entidades gubernamentales.

No omito señalar que a nivel nacional destacan dos iniciativas que han propuesto la emisión de una nueva legislación en aras de regular la contratación de publicidad oficial, una del Senador Javier Corral Jurado; y otra presentada de manera conjunta por el Senador Carlos Sotelo García y la Diputada Federal Valentina Batres Guadarrama. Ambas propuestas parlamentarias, en síntesis, buscan definir un nuevo marco normativo para transparentar y hacer más equitativa y eficiente la propaganda gubernamental.

A nivel local, el 4 de junio de 1998 fue aprobado un punto de acuerdo que entre otras cosas acordaba: "Que esta Legislatura no vuelva a pagar publicidad a tarifas que no sean las que rigen comercialmente, y exigir a los poderes Ejecutivo y judicial, así como a los 58 municipios, se abstengan de realizar el pago de publicidad a tarifas superiores a las comerciales".

Además del punto de acuerdo presentado en mayo del 2005 por parte de los legisladores Pedro Pablo Cepeda Sierra, Eduardo Martínez Benavente y Juan Ramiro Robledo Ruiz que entre los aspectos más relevantes planteaba: "Exigir del Poder Ejecutivo del Estado, todas sus dependencias incluidas, que de (sic) a conocer públicamente toda la información relacionada a la forma en que distribuye los recursos destinados a publicidad oficial, independientemente del concepto con que la denomine (apoyo informativo, paquete publicitario,gacetilla, etc.), cuanto asigna a cada medio (locales y nacionales), la justificación de cada una de las asignaciones y los criterios que le permiten pacer esas asignaciones':Con diferentes tonos e intensidades, es perceptible la necesidad de profundizarlas libertades públicas y el derecho a la información de los potosinos a través del uso eficiente, equitativo y transparente de la publicidad publica.

Esta iniciativa recoge ese espíritu, pero con la salvedad de que la presente propuesta no aspira a definir grandes consideraciones generales en materia regulatoria, ni profundas reflexiones políticas desde una perspectiva filosófica, sino simplemente asegurar una serie de parámetros elementales que procuren con viabilidad, utilidad, consistencia y legitimidad, mejores y mas confiables practicas gubernamentales en la política de comunicación social en el estado de San Luis Potosí.

Una delas condiciones inherentes a la calidad de la democracia es la relativa a la manera en que los ciudadanos se informan y participan de los asuntos públicos, así como la forma en que las entidades públicas colocan sus mensajes informativos en la opinión pública a través de los medios de comunicación. No debe olvidarse que la tarea de gobernar no solo debe rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración y los resultados que alcanzan las políticas públicas, sino además,explicar porque el gobierno elije determinados mecanismos para informar a los ciudadanos de sus acciones y si esta información está siendo impactando sustancialmente en la percepción de la sociedad.

Desde nuestro punto de vista, los instrumentos de comunicación que elijen las entidades gubernamentales deben atender dos principios fundamentales para saber si es justificado emplear en ellos recursos públicos: cuál es el objetivo que se desea alcanzar al comunicar las acciones de las instituciones públicas y si ese propósito se está cubriendo eficazmente.

Fin y rentabilidad, son las dos perspectivas fundamentales que deben orientar la toma de decisiones sobre qué medios se deben contratar y qué cantidad de dinero debe destinárseles. En la medida que esta elemental ecuación sea normada con claridad y transparentada públicamente, los medios de comunicación dispondrán de mayores márgenes de autonomía para no condicionar sus contenidos a la obtención de mejores condiciones en los contratos de publicidad, y asegurara a los ciudadanos un efectivo derecho a la información pues los recursos públicos no podrán utilizarse con un sesgo de control, ni conveniencia política.

Con fundamento en las disposiciones legales invocadas y motivado en los antecedentes y argumentos anteriormente desarrollados, se propone a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se aprueba adicionar artículo 52 Bis a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTICULO 52 BIS. Cuando los poderes del estado, los organismos Constitucionales autónomos,los ayuntamientos, y cualquier entidad pública contraten publicidad a través de los diversos medios de comunicación, además de todas las disposiciones de la presente ley, observaran los siguientes lineamientos:

I.- Procurar un criterio de pluralidad, equidad y eficiencia en la distribución del presupuesto destinado a contratación de publicidad oficial en medios de comunicación;

II. Indicar criterios sobre la forma que distribuyen la publicidad en  conformidad con la planeación anual y con los objetivos estratégicos;

III. Definir los costos globales, las tarifas unitarias y los resultados esperados por cada campaña informativa de cada medio de comunicación respecto del servicio solicitado;

IV. Publicitar los procesos de elección de proveedores para cada acción de comunicación que realicen especificando la población objetivo, la meta comunicacional que se espera alcanzar y los requisitos técnicos de los servicios contratados, y

V. Encaso de no elegir a un medio de comunicación para contratar sus servicios deberá justificar por escrito los motivos de la negativa, sin menoscabo de los recursos que este pueda ejercer en su derecho.

SEGUNDO. Se aprueba reformar la fracción XXV del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTICULO 19. Además de la señalada en el artículo 18 de esta Ley, las entidades públicas deberán poner a disposición del público, de oficio, en forma completa y actualizada, la siguiente información:

I.

II.

III.

…

XXV. En la contratación de información que difundan a través de los diversos medios de comunicación escritos, electrónicos, cibernéticos, estáticos y cualesquiera otros que impliquen erogar recursos públicos con una finalidad informativa, las entidades públicas deberán publicar y actualizar lo siguiente:

a)Programa operativo anual, estableciendo el objetivo para cada acción de comunicación,los mecanismos de evaluación de dichas acciones, y la estrategia general y particular de los medios de comunicación que deberán emplearse en cada actividad atendiendo a la meta que pretenda alcanzarse;

b)Presupuesto total asignado a actividades de comunicación y de forma desagregada la distribución total del mismo;

c) Versión documental pública de los procesos de contratación, licitación, adjudicación o cualquiera otro que se hubiera empleado para elegir al proveedor;

d)Listado pormenorizado de los convenios de publicidad celebrados con cada medio de comunicación y versión publica de cada uno de ellos;

e)Listado de cheques erogados por concepto de contratación de publicidad oficial y versión pública de cada uno de ellos;

f) Cada trimestre, actualización de la ejecución presupuestal con el respectivo desglose de avance en el cumplimiento del objetivo estratégico de cada acción de comunicación, y

g) Evaluación trimestral con perspectiva costo-beneficio de los recursos ejercidos contra el tipo de publicidad contratada.

XXVI...            , y

XXVII...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

http://issuu.com/garzamarroquin/docs/iniciativa_con_proyecto_de_decreto 

Tu voz puede hacer la diferencia. Gracias por socializar esta iniciativa y difundirla para lograr su apoyo.
http://www.causes.com/actions/1750439-firmas-de-apoyo-iniciativa-para-regular-publicidad-de-gobierno-en-slp?recruiter_id=187509071&utm_campaign=own_timeline&utm_medium=wall&utm_source=fb

Gobernador de SLP; Fernando Toranzo Fernández es DECLARADO CULPABLE EN JUICIO POPULAR Y CIUDADANO

Despierta la Ciudadanía de San Luis Potosí, México, y realiza JUICIO POPULAR Y CIUDADANO a su "Gobernador".

EL TRIBUNAL CIUDADANO LO DECLARA “CULPABLE”: TORANZO ABANDONÓ SU EMPLEO COMO GOBERNADOR.

 ●El veredicto final fue declarar CULPABLE a Toranzo Fernández, por haber incumplido sus promesas de campaña, además de hacer oídos sordos en distintos temas como en el caso del aumento a la tarifa del transporte público o el caso de la muerte de Karla Pontigo Lucciotto que sigue sin resolverse, además del tema de la tenencia e incluso algunas personas lo acusaron de desapariciones forzadas y de abandonar su empleo como gobernador del estado.

 ●Con la participación de cientos de potosinos se celebró la consulta organizada por agrupaciones de la sociedad civil a iniciativa de la organización Ciudadanos Observando y otras asociaciones como Justicia para Karla, Por un Buen Gobierno, Colectivo RevolucionArte, Universitarios en Acción, Grupo Plural San Luis, Estudiantes de #yosoy132, Asociación de Locatarios del Mercado República, Consejo Estatal de Estudiantes, Comerciantes del Rebote, Parlamento Ciudadano, Movimiento Cívico Democrático, entre otros, sobre el desempeño del Gobernador, Fernando Toranzo Fernández, quien además fue juzgado por un Tribunal Ciudadano que lo declaró CULPABLE
ACUSACIONES:
1.- Traicionó la lucha de los potosinos por la democracia, pues después de participar en la oposición a las pillerías del PRI, se hizo miembro de este partido y validó con ello la historia de represión y de latrocinios que ha padecido San Luis Potosí (y todo México).
2.- Durante su gestión gubernamental ha respaldado los cacicazgos de líderes charros, como la exdiputada Bernardina Lara Arguelles -alias Nina- en el SUTSGE y los socios de Elba Esther Gordillo en el SNTE (el “diputado Crisógono Sánchez -alias Chógono y socios).
3.- Ha golpeado al sindicalismo independiente (llanteros, seguro social, etc. ), utilizando a su antojo los tribunales laborales, los cuales no son independientes. Tampoco el Congreso se caracteriza por ejercer la independencia respecto del Ejecutivo, pues se ha sumado al autodenominado “Pacto por México”.
4.- Es cómplice de Peña Nieto en la aprobación de las contra-reformas laboral y educativa. Con la primera, se legalizó el fraude en la contratación de los trabajadores, llamado outsorcing, así como los contratos basura (a prueba, etc.). Con la segunda, se acabó con la estabilidad en el empleo de los maestros, que ahora pueden perder su empleo si no aprueban las evaluaciones que les practique la burocracia del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.
5.- También es corresponsable de la convalidación de la “Iniciativa Mérida”, que recién efectuó el Secreatrio de Gobernación, Osorio Chong, el superpolicía del sexenio.
6.- Tiene asimismo corresponsabilidad en el engaño de la “Cruzada contra el Hambre” que lleva a cabo la cómplice de Carlos Ahumada, Rosario Robles, quien puso este programa al servicio de las transnacionales (Pepsico y Nestlé destacadamente).
7.- Es totalmente responsable por la impunidad otorgada a los funcionarios de la Dirección de Pensiones, que perdieron en la ruleta de la Bolsa de valores parte de los recursos de los jubilados.
8.- Promovió la iniciativa de poner límite legal a los aumentos salariales de los trabajadores de gobierno del Estado, rompiendo la bilateralidad de las relaciones laborales.
9.- En el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad en nuestro estado ha sido reiterativo en que NO PUEDE con el paquete. Así lo declara y así lo hace, NO HACE NADA.

Tribunal del Pueblo Potosino 2013

http://labrecha.me/2013/04/26/veredicto-del-juicio-popular-toranzo-culpable/

 

http://www.activista.mx/2013/04/potosinos-exigen-la-revocacion-de-mandato-para-sus-gobernantes/

 

 

VEREDICTO:   ¡CULPABLE!

El Cambio Social y el Cambio Político, ¡son Inminentes!

El Poder Cívico y la Acción Popular ¡son el camino hacia la democracia plena!

 

RESULTADOS FINALES DE LA CONSULTA CIUDADANA:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.277453569057719.1073741829.100003792344188&type=1

ESTOS SON LOS TRES COMUNICADOS DE LOS SECUESTRADORES DE DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS... SON AUTÉNTICOS...

SE REPRODUCE AQUI INTEGRAMENTE EL COMUNICADO DE LOS EXCAPTORES DE DIEGO FERNANDEZ DE CEVALLOS DADO A CONOCER PUBLICAMENTE EL PASADO SABADO 18 DE DICIEMBRE DE 2010 A TODOS LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

EL OBJETIVO NUESTRO ES QUE SE PUEDA COMPREHENDER EN TODAS SUS DIMENSIONES SIN INTERPRETACIONES FALACES DE LA OLIGARQUIA PERIODISTICA TELEVISIVA


A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

El día de ayer, apelando a su profesionalismo, enviamos la parte primera del Boletín-Epílogo de una desaparición. Hoy de nueva cuenta informamos que Diego Fernández de Cevallos Ramos será liberado, por lo que volvemos a solicitar la publicación del Boletín-Epílogo.

Atte:

Los ex misteriosos desaparecedores.

EPÍLOGO DE UNA DESAPARICIÓN

Primera de tres.

Los clásicos no establecieron ningún principio que prohibiera matar, fueron los más compasivos de todos los hombres, pero veían ante sí enemigos de la humanidad que no era posible vencer mediante el convencimiento. Todo el afán de los clásicos estuvo dirigido a la creación de circunstancias en las que el matar ya no sea provechoso para nadie. Lucharon contra la violencia que abusa y contra la violencia que impide el movimiento. No vacilaron en oponer violencia a la violencia.

Bertolt Brecht

En México vivimos inmersos en un clima de creciente violencia destructiva que las mafias del gobierno permiten y fomentan, porque sólo así pueden ocultar la sistemática represión, tratar de controlar el descontento social e impedir, por el momento, que se generalice la lucha popular. Las formas de la violencia son cada vez más crueles y abominables; el conflicto no sólo ha dejado decenas de miles de personas muertas, sino terror e incertidumbre entre los vivos. La distancia entre el discurso de gobierno y las prácticas corruptas que lo caracterizan son una clara muestra de que los más altos funcionarios y las instituciones del Estado mexicano están coludidos con el crimen contra quien dicen estar luchando.

Esta contradicción inicial desata una cadena ininterrumpida de mentiras difundidas ampliamente por los medios de comunicación con los que están coludidos; esta difusión forma parte de la violencia cultural que promueve, legitima y justifica la violencia directa que el gobierno sostiene, así como de la violencia del hambre, del desempleo, de la migración, de la delincuencia infantil y juvenil, de la trata de blancas. En fin, de esa violencia silenciosa que obliga a gritar ¡Ya Basta!

Vemos día a día la impunidad militar, los levantones policiales para entregar víctimas al narco y la convivencia evidente entre presidente de la república, gobernadores, senadores, diputados, jueces, generales y jefes policiacos con los grandes capos, incluso, es posible afirmar que la alta burocracia y los sectores reaccionarios de la clase política, son quienes forman parte de las mafias más criminales en nuestro país. La “guerra” que el gobierno dice sostener en aras de la paz, no combate la raíz del problema ni a los verdaderos delincuentes, los de cuello blanco, que con base en fobaproas, rescates empresariales, privatizaciones (concesiones de carreteras, contratos secretos del petróleo, de fibra óptica y otros recursos naturales) se enriquecen y adquieren la facultad de poner y quitar gobiernos.

Sin embargo la violencia más sofisticada, la que a diario nos golpea y quizá la que menos reconocemos como violencia, es la que parece no venir de ninguna persona; es la violencia estructural “invisible” presentada siempre como "estragos", "golpes" o “crisis internacionales” que parecen nunca terminar para Nosotros pueblo y que nos son presentadas como “avances”. El duopolio televisivo y los gobernantes quieren que creamos en los “avances” y en la “modernidad” mientras hay más despidos, menos oportunidades de encontrar empleos productivos y un salario que cada día vale menos. Esa “modernidad” no es con la que soñamos ni la que queremos heredar a nuestros hijos.

La pobreza, para muchos la miseria, es una constante amenaza de muerte y es mucho más poderosa que todos los grupos de sicarios juntos; la vida es reducida a su condición de supervivencia sin ninguna posibilidad de un desarrollo auténticamente humano. Estas condiciones acercan a millones de personas más a la muerte que a la vida y frente a este peligro (del que Ellos, los grupos privilegiados, se benefician funcionalizando la pobreza al máximo) no se encontrarán soluciones concretas a menos que lo hagamos Nosotros.

Así, la violencia visible-directa, la invisible-estructural (de la que parece no haber ningún responsable) y la cultural, son promovidas y sustentadas por los gobiernos; éstos, no son la representación política de todos los mexicanos, sino quienes velan por los intereses de una restringida porción de la población, que privilegian especialmente a un restringido número de familias que encabezan el control del poder, la clase privilegiada, que se hace carne y hueso en un entramado altamente sofisticado y eficiente de grupos y personajes clave, que con una planeación meticulosa y una larga carrera, se siguen colocando en posiciones estratégicas para continuar beneficiándose a costa de todo un país. El gobierno es mafioso porque protege los intereses de los grandes ricos, de los dueños de todo, de los que saquean nuestros recursos naturales y trafican con todo desde personas hasta armas, drogas e influencias. Es un gobierno que sirve a las mafias aliadas al capital trasnacional, también mafioso.

Desde allí operan por dentro y por fuera de la ley grandes intereses económicos y políticos, en un entramado múltiple de lazos familiares, de compadrazgo, de arreglos de conveniencia, secretos, pactos, complicidades, bendecidos por la cúpula de poder de la Iglesia católica y una certeza que los identifica: pertenecer a un grupo definido al que son leales, conscientes de ser Ellos quienes tienen el poder y la riqueza repartida entre sus manos.

Para Nosotros la violencia (la visible y la aparentemente invisible) se traduce en un constante peligro de muerte, debido por un lado, a la intensificación de los conflictos que el saqueo mafioso genera para obtener mayores ganancias, y por otro de manera cotidiana por las condiciones de pobreza y miseria que reduce la vida a una lucha por la supervivencia y al andar diario por un estrecho pasillo de 60 pesos por familia; se vive al día y no hay posibilidad de progreso. Vivimos en amenaza de muerte al tener acceso restringido a la alimentación, a la salud, a los servicios, a los derechos y a conocer la justicia. Como así son las cosas, nos toca perder y como nos habíamos resignado, dejamos de sentir la violencia de no poder vivir bien. En ese sentido también Nosotros volvimos "normal" la violencia; violento no es solo lo que muestran los muertos, violento es también lo que ocultamos los vivos.

La sociedad mexicana, como podemos ver, está divida en dos: Ellos y Nosotros, Ellos ricos y Nosotros pobres, cuyos mundos y realidades son totalmente opuestos pero existen y se desarrollan al mismo tiempo; es la historia que Ellos difunden como la evolución de un solo proyecto al que discursivamente pertenecemos “por igual y al mismo nivel” todos los mexicanos. Ellos aplauden los discursos del gobierno en los que se alude al avance y bienestar en México, pues los confirman en su nivel de vida que constantemente mejora (mejor alimentación, vestido, educación, salud, bienes muebles e inmuebles, lujos, vacaciones y descanso, etc.); sólo en su cerrado círculo el progreso es realidad.

Ellos acumulan riqueza por todos los medios, unos por la vía legal-permisible y otros de forma ilegal-criminal; ambos son lo mismo, pues siempre tienen la posibilidad (al ser Ellos quienes legislan) de transformar lo ilegal en ley y viceversa; en realidad no son extrañas las revelaciones de que la mayoría de las veces quienes viven para acumular riqueza no distinguen en sus círculos entre quienes “respetan las leyes” y entre quienes no lo hacen. Lo que pasa es que unos ocupan cargos dentro de las instituciones del Estado y pueden, desde dentro, operar en su favor y ser “muy legales”. Los intereses políticos y económicos son dos frentes de una misma estrategia que viene fundida y defendida por la violencia. El gobierno mexicano se sostiene con el uso legal e ilegal de la violencia directa e indirecta, estructural y cultural, que lo construyen como salvaguarda de una suerte de "demonio" engendrada por sí mismo.

Quienes encabezan al Estado sostienen discursivamente que procuran alcanzar “la paz perpetua y el bienestar” en un futuro (que nunca llegará de ese modo), y por tal fin justifican su propio ejercicio de la violencia destructiva. Esta utopía de la paz estatal, construye el argumento de legitimidad de la muerte en el presente. El peligro de muerte que Nosotros vivimos es producto del enfrentamiento de grupos de poder económico que luchan por el poder político. Su manera de actuar dentro del aparato estatal despersonaliza decisiones que repercuten en la vida de personas concretas; la decisión burocrática agranda la distancia entre el funcionario y la gente de a pie, manejando públicamente la ficción de que “hacen política” con base en “el bien común”, aunque la comunidad esté excluida, en todos los sentidos, de dicha actividad.

Que “el mundo de la política siempre sinónimo de corrupción e injusticia” es una afirmación común que sintetiza el sentir generalizado y que la estructura estatal y sus funcionarios se encargan día a día de renovar; sin embargo la actividad política debe construirse con otro sentido, considerándola como la capacidad de todos para decidir de manera real y directa sobre los asuntos de la vida en sociedad, así como de fundar y de alterar la legalidad que rige la convivencia humana en pos del bienestar colectivo; la socialidad no debe existir para someter de una vez y para siempre, sino constituirse como la organización a la que se le puede dar forma a través de las decisiones de todos los integrantes. La organización, la instrucción y la disciplina son armas eficaces y hasta ahora son Ellos los que han sabido aprovecharlas. ¿Qué es lo que hace que siendo Ellos tan pocos, puedan someter a tantos Nosotros? Una de las respuestas más certeras es el uso exclusivo que Ellos hacen de “la fuerza del Estado”; sin embargo, que Ellos sean los que poseen el monopolio total y definitivo del uso de la violencia y la ejerzan “solo cuando es justo y necesario” en aras del “bien para todos” es una mentira que nos hemos propuesto derrumbar.

Por paradójico que parezca, la historia de la humanidad demuestra que, para generar las condiciones humanas de existencia, se necesita en ciertos momentos ejercer la violencia como una adecuación social que hace permisible terminar con ciertas formas de vida para generar otras. La violencia destructiva, como la que ejerce el gobierno, sólo concibe destruir sin construir algo superior y distinto que constituya verdaderamente un estado mejor de vida y no sólo para unos pocos. La violencia es constructiva cuando es rebeldía frente a la amenaza de muerte, cuando enfrenta a la muerte personificada por quienes nos someten a la miseria. La violencia, al tener rostro de muerte, nos es presentada como injustificable, sobre todo si atenta contra el poder establecido.

El discurso gubernamental la repudia e invita a preservar el orden, o protestar dentro de los marcos institucionales que no operan de acuerdo al fin para el que fueron creados, como un recurso que le queda para seguir operando bajo la cara de “la legalidad” y “la democracia”, presentándose como el resultado histórico de las luchas del pasado. Así, lo violento es presentado como lo anti-estatal; la única política permitida es la actividad esencialmente no-política, acompañada de la resignación. La violencia cultural es la más sofisticada porque guarda al Estado bajo un marco de “aceptabilidad” y muestra a los enemigos de quienes lo comandan, o sea, a los que luchan contra el mal gobierno, como enemigos de toda la sociedad.

Pero ¿este gobierno mafioso es el único viable en nuestro país? Sabemos que no, otro México es posible y lo tenemos que construir Nosotros los de abajo, desde las organizaciones obreras, campesinas, ecologistas, de colonos, de víctimas de la delincuencia y crímenes del ejército y policías. Nos toca a nosotros, al pueblo mexicano organizado de diferentes formas y recurriendo a todos los medios, armados y no armados, ir construyendo con nuestra rebeldía organizada, un nuevo México en el que todos podamos ser y vivir con dignidad.

El ejercicio de la violencia es para Nosotros un recurso ineludible, pero necesita de un proyecto en el que su uso sea solamente un medio necesario; el proyecto no puede reducirse a destruir otro. Nuestro proyecto es recuperar lo que la vileza de los poderosos nos arrebata, y es nuestra condición humana; nuestro proyecto es de rehumanización de todos los que no formamos parte de su selecto círculo, a diferencia de Ellos que sólo buscan su propio beneficio. Pensar y hacer política pasa por evaluar las condiciones de existencia, nuestras relaciones sociales e inter-personales, transformarlas en cada acto y hacerse cargo de la vida pública. El Estado construye toda disidencia como el enemigo exterminable, todo en el mismo cajón de la criminalidad, y con ello impide que se desarrollen formas organizativas que resuelvan nuestras necesidades y satisfagan nuestras expectativas y legítimas demandas. Hay un punto en el que no se puede hacer nada y las reglas del juego, a las que Ellos mismos no se atienen, nos son aplicadas con toda la violencia estatal-destructiva. La existencia de Ellos como minoría poderosa y dominante y sus formas de operar persistirán sólo en la medida en que Nosotros lo hagamos aceptable.

Fraternalmente:

RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL

¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO!

Invierno de 2010.

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Segunda de tres.

Los poderosos llaman ley a su propia violencia y crimen a la de los oprimidos… por eso, los oprimidos debemos luchar por el establecimiento de una nueva ley frente a los crímenes de los poderosos, por todos los medios, incluida la violencia…

En México coexisten dos países distintos. Uno es habitado por menos del 10% de la población; son Ellos quienes participan en la política y aplauden los discursos del gobierno de progreso y bienestar porque los viven; es la empresa dirigida y sostenida por quienes poseen y gozan de la mayor parte de la riqueza del país. En contraste el otro México es habitado por más del 90% de la población; y aunque somos la gran mayoría no tenemos ningún peso en las decisiones políticas y económicas.

¿Es posible conocer a los individuos que decidieron el destino de un país entero? El proyecto neoliberal en México se concretó gracias a la actuación de diversos personajes en acuerdo y complicidad. En la figura de Carlos Salinas de Gortari se identifica más claramente el inicio de esta etapa destructiva, cruzando varios intereses y procesos; es un actor principal y es miembro de los círculos más restringidos del control de poder de ese entramado mafioso. Salinas impuso transformaciones (diseñadas desde la cúspide del poder capitalista) en sintonía con Estados Unidos, que no ha abandonado su histórica política intervencionista, apoyado por la elite empresarial y política mexicana de su partido (PRI) y algunos importantes aliados políticos; ha permanecido tras bambalinas desde que dejó la presidencia. De sus más preciados aliados podemos señalar como principal cómplice a un miembro destacado del partido de la oposición leal (PAN), Diego Fernández de Cevallos Ramos, un cacique panista inmensamente rico gracias a su triple carácter de funcionario del estado, empresario y abogado de demandas en contra del erario público.

El Jefe Diego es otro nudo por donde atraviesan múltiples historias turbias. Ahora conocemos de cierto los modos de los trabajos y oficios con los que se maneja, las personas con las que trata y algunas de las que han sido sus más logradas empresas. Con nada que ocultar la mafia ha sido enumerada en las cartas elaboradas y dirigidas por el propio Diego a sus “benefactores”, reclamándoles apoyo económico en correspondencia a su lealtad y a sus servicios: Carlos Salinas de Gortari, Carlos Slim, Roberto Hernández, Alfredo Harp, Alberto Bailleres, Claudio X González, Lorenzo Servitje, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga Jean, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Quintana, Ignacio Loyola, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón, Juan Sandoval Íñiguez, Onésimo Cepeda, Norberto Rivera Carrera, Roberto Madrazo, Jorge Hank Ronh, Santiago Creel, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Dechamps, Elba Esther Gordillo, entre otros. Se establecen diversas relaciones entre empresarios, políticos, la Iglesia, el narcotráfico, las redes de crimen organizado, el ejército, los grupos paramilitares, las televisoras, etc. Estas relaciones están regidas por entendidos más allá de la legalidad, por dentro y fuera de toda apariencia de normatividad; son feudos de una maraña de poderes en pugna y con el control del país.

Diego Fernández de Cevallos acumula una larga pero poco honrosa carrera de impunidad y enriquecimiento. Por ejemplo, como amigo y abogado del millonario Alberto Bailleres (Presidente de Grupo Bal y dueño de El Palacio de Hierro y Seguros GNP), defendió a la empresa MetMex Peñoles contra las madres de más de 11,000 niños envenenados por la contaminación ocasionada por la fundidora en Torreón Coahuila. Ni las movilizaciones ni demandas penales de los afectados tuvieron éxito, pues la poderosa empresa estaba jurídicamente blindada contra las demandas populares gracias a las artes litigantes de su abogado a quien la justicia es lo que menos importa.

Uno de los principales logros de la historia de México, fue haber logrado la separación de la Iglesia católica y el Estado. Debe añadirse a los libros de texto que esa lucha culminó con una amable reconciliación cuyo mediador fue el mismo Diego Fernández de Cevallos en complicidad con los más altos mandos de la Iglesia y Carlos Salinas de Gortari. Ellos modificaron en 1992 los artículos constitucionales 3, 5, 24, 27 y 130 y en julio del mismo año se promulgó la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, así como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y la Santa Sede, representando el inicio de una inédita etapa en la historia contemporánea de México, cuyas consecuencias políticas y sociales empiezan a perfilarse. Iglesia como aparato aliado de las elites y parte fundamental de éstas a través de la historia, además de fungir como vínculo con “los pobres”; es más bien un supra Estado, férreamente centralizado, feudal, totalitario y ultraconservador. A través del jefe Diego y Carlos Castillo Peraza del PAN, se selló un nuevo pacto entre la Iglesia y el Estado, dotándolas de permiso para acumular bienes materiales heredables, además de la facultad de intervenir en la educación. Para hacer oficial el reconocimiento, las Iglesias debieron solicitar su registro ante la Secretaría de Gobernación. No resulta sorpresivo que el primer registro, el oficio 001, sea de la Iglesia Apostólica Romana, cuya copia enmarcada con una agradecida dedicatoria (“Para Diego Fernández de Cevallos. Con gratitud y cariño. G. Prigione”) cuelga en el despacho de Diego Fernández de Cevallos. Esta ley sustituía a la de 1926, cuando Calles selló la separación Iglesia-Estado iniciada por Benito Juárez.

Ahora sabemos que la revelada relación entre los gobiernos mexicanos y el narcotráfico ha sido una constante. Lo que en un inicio fue un jugoso negocio controlado con acuerdos y cuotas pactadas se ha convertido en un mercado en disputa donde el gobierno no ha dejado de favorecer al ala que lo ha nutrido. Desde finales de los ochentas la diferencia entre el narco y el Estado comenzó a desdibujarse y no se sabía quién era quién. Raúl Salinas bajo el consentimiento de su hermano Carlos, Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quiroz Hermosillo, Nazar Haro, Juan Sandoval Íñiguez, Rubén Figueroa (padre e hijo), Diódoro Carrasco, Ulises Ruiz, Mario Marín, Jorge Tello Peón, Genaro García Luna, por mencionar a algunos de sus principales actores, han sido contacto y beneficiarios, y no podía faltar Diego Fernández de Cevallos. Su relación con la muerte del Señor de los Cielos (desmentida por García Calderoni) y haber recibido algunos millones de dólares procedentes del narco, parecen asuntos menores en comparación con la estrecha relación del gobierno y el desarrollo y consolidación del narcotráfico en México. México vive el contexto más violento desde la Revolución mexicana, como consecuencia del proyecto Irán-contra, impulsado por el gobierno de los Estados Unidos desde la década de los ochenta, por medio del cual permitió el tráfico de drogas de Latinoamérica a la Unión Americana, pactando con personajes de la talla de Pablo Escobar, Caro Quintero y el propio Señor de los Cielos, a cambio de recursos para combatir los movimientos insurgentes en Centroamérica. El gobierno de Estados Unidos fomentó la actividad del narco, sin importar las implicaciones que esta actividad tenía en los lugares donde se promovía (sobre todo Colombia y México) a cambio de exterminar a la disidencia política; la herencia que nos queda del Irán-contra es el inmenso poder económico y de combate que acumularon los carteles del narcotráfico en nuestros países. México fue cómplice de dicho plan, y ahora todos Nosotros pagamos las consecuencias del crecimiento del narcotráfico a niveles que ni el Estado puede controlar, además de la falsa guerra emprendida, pues es absurdo luchar contra quien uno mismo ha creado.

A través de esta compleja y poderosa mafia, Diego Fernández de Cevallos fue pieza central para concretar el cambio de México a un Estado mínimo (sin responsabilidades sociales y de economía abierta, privatización y apertura comercial a capitales trasnacionales), además de diversos cambios de legislación que implicaron quiebres históricos para México. Desde la legitimación del fraude realizado contra Cuauhtémoc Cárdenas, la venta de las empresas paraestatales, la privatización de la banca mexicana, la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hasta el reconocimiento jurídico de la Iglesia católica (dando vuelta atrás a más de 100 años de lucha por la separación de la Iglesia y el Estado) y la reforma al artículo 27 de la Constitución (considerado como el máximo triunfo de la Revolución de 1910), aniquilando no una forma de producción económica (los ejidos) sino la base de la identidad de muchas culturas; conocemos a los responsables directos de la actual realidad mexicana.

Estas personas, fieles a una lógica que niega de facto el derecho a la vida digna de la mayor parte de la población mexicana, han prostituido los bienes y recursos de la nación, se han servido de ella, la han disfrazado, mutilado y traicionaron su historia… a cambio, se hincharon de poder político y económico. Es alta traición llevar adelante todas estas operaciones e igualmente grave legalizar su operación garantizando su impunidad al armarse una propia justicia; ni siquiera en su lógica son inocentes. Han tenido la osadía de abanderar y operar un proyecto anti-patriótico que renuncia a honrar la memoria histórica y que confina a la gente a la miseria como forma general de la existencia.

El país se desmorona ante sus ojos atónitos que no dan crédito a lo que ven; se deshace por causa suya sin que discursos y fanfarrias mediáticas puedan convencernos de que vamos con rumbo cierto a la solución de los múltiples problemas que históricamente persisten en el país; la nación se desangra a borbollones y no desean admitir que ellos y solamente Ellos, han saciado su hambre de riqueza desmedida y poder político inconmensurable a costa de una patria exangüe y anémica.

Más de 30,000 muertos sin contar a aquellos que deambulan en el anonimato; más de 200, 000 encarcelados por haber encontrado como opción de vida la delincuencia; casi 8 millones de jóvenes desocupados que bien podrían alimentar los grupos delincuenciales, de esquiroles o la drogodependencia. La pérdida progresiva de visión de futuro y de perspectiva para los jóvenes que miran como opción de vida el enriquecimiento rápido a través de su inserción dentro del mágico mundo de la “cultura de las televisoras” o dentro de las huestes del narcotráfico. La extinción de fuerzas de trabajo para defender los intereses de Ellos, a través de la privatización de empresas y recursos del país; la pauperización de condiciones de trabajo y de salarios para mantener fuentes de empleo. La militarización del país, la criminalización de la disidencia política, la paramilitarización de las policías, la extinción de los derechos humanos bajo argucias legales y extralegales, entre éstas la impunidad de los militares bajo el concepto de “fuero militar”, el incumplimiento de las garantías individuales “plasmadas en la Constitución” para dar paso a la inconstitucional figura del “arraigo”.

Este es un fragmento del México que han dejado como saldo para nosotros una larga dictadura, la seudo-transición y las complicidades partidistas. Si recortamos nuestra descripción a los últimos 25 años… ¡qué curioso! encontramos a los mismos delincuentes que habíamos denunciado antes y entre ellos a Diego Fernández de Cevallos.

Estos delincuentes de cuello blanco han saqueado a la Patria, han organizado sus grupos y acciones para poder gozar del poder y enriquecerse de manera prepotente bajo el manto de su protección. Han aprovechado sus estancias en los órganos estatales y se han servido de ello para obtener ilegal e ilegítimamente beneficios económicos, políticos e ideológicos para ser Ellos y solamente Ellos los únicos y eternos beneficiarios.

Aseguran el nombramiento de Secretarios de Estado, de Seguridad Pública, Procuradores Generales de la República, Gobernadores y Presidentes municipales de algunas entidades, Senadores, Diputados, Asambleístas y diversos cargos de “elección popular” para posicionarse política y económicamente. Negocian y pactan reconocimientos y prebendas para asegurar su lugar en el poder político y económico. Defienden fraudes políticos, económicos y jurídicos y los apoyan económica, ideológica y políticamente; sin menospreciar las jurídicas y judiciales. Hasta parece un retrato hablado. La impunidad les cubre a lo largo de su vida como aureola de santidad. Niegan para sí mismos que el pueblo, las organizaciones de que disponen y sus redes de acción no los alcanzarán con su brazo de justicia y legitimidad; sin embargo esto no es así.

Ellos se manejan de acuerdo a principios y valores que en la práctica niegan la posibilidad de vida plena para Nosotros. Han gozado de la posibilidad de ejercer la violencia de manera legal e ilegal, visible e invisible no sólo contra las expresiones armadas organizadas sino en escarmientos contra cualquier demostración de hartazgo e insubordinación social. Estos principios y valores son reproducidos todos los días por individuos con poder local (en las colonias, en los municipios, en pueblos y ranchos) que de manera miserable maltratan y menosprecian a la gente aprovechando la constante de la pobreza. La transformación de todo esto pasa por erradicar estas conductas que encuentran en el provecho del ejercicio impune del poder económico, político, religioso, etc. su hábitat para garantizar sus privilegios a costa de los demás.

No se les están imputando responsabilidades abstractas sino crímenes concretos, hay actos solapados y manejos que aun dentro de su propio estado de derecho son injustificables; el crimen es su práctica y el cinismo su estampa. Nosotros, construyendo poder popular, nuevas formas de justicia y sanciones podremos mostrar que nadie, ni siquiera Ellos permanecerán impunes.

Fraternalmente:

RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL

¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO!

Invierno de 2010.

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Tercera de tres.

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 39 constitucional

A estas horas
ay, amigos míos, artesanos,
pintores, astrónomos, marineros,
estamos despiertos. Es trabajo
nuestro el de arreglar algunas cosas.

Diego Fernández de Cevallos parecía intocable hasta aquella noche en que su pasado oscuro lo alcanzó. Y, muy a su pesar, tuvo que responder de algunos de sus actos y verse en el espejo de nuestra mirada… espejo que al hacerlo prisionero reflejó su hechura de corrupto, prepotente y voraz expropiador, demostrando un hecho fundamental: siempre que como pueblo nos atrevamos a luchar contra la injusticia, no habrá felonía que quede impune.

Diego Fernández de Cevallos Ramos (DFCR) es uno de los políticos que mayor responsabilidad tienen en el sostenido proceso de hecatombe económica, política y social que la elite dominante ha impuesto y desplegado en nuestro país de 1982 a la fecha, por medio de un entramado mafioso que opera dentro y fuera de las instituciones estatales; este proceso depredador vino a profundizar, bajo la criminal bandera neoliberal, las de por sí deterioradas condiciones de vida de los hombres y mujeres que viven en México, generando la mayor contrarreforma y el mayor retroceso histórico en nuestro país en lo que a bienestar social se refiere.

DFCR es uno de los políticos que más se ha caracterizado por el abuso del poder, el tráfico de influencias y el enriquecimiento a costa del erario y de los bienes de la nación, legislando en pro de los grandes monopolios (financieros, de comunicaciones, alimentos, construcción, transportes, etc.) asesorando a las mafias del poder y litigando a favor de los grandes capos del narcotráfico. Es uno de los principales cómplices y operadores del fraudulento proceso electoral que se ha perpetrado sistemáticamente en nuestro país, desde el ocultamiento del fraude que impuso en 1988 a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia mediante la quema de boletas electorales hasta la organización del fraude que en 2006 impuso a Felipe Calderón Hinojosa. Es uno de los principales encubridores de los responsables de la guerra sucia y contrainsurgente desplegada por el régimen priista y ahora por el PAN contra los movimientos sociales, armados o no, convirtiéndose en uno más de los cómplices de la existencia de incontables perseguidos, torturados, asesinados, presos y desaparecidos por motivos políticos. Es un responsable directo de la inserción subordinada de México al bloque de países capitaneados en nuestro continente por el imperialismo estadounidense y, en consecuencia, del desmantelamiento industrial, la ruina del campo, la masiva migración, de la pauperización de la vida en general y el saqueo de nuestros recursos.

En breve, Diego Fernández de Cevallos Ramos es un operador de la oligarquía neoliberal y de la ultraderecha fundamentalista, un traficante de influencias, un mercenario de los juzgados, un legislador a sueldo, un rentista de la crisis y un defensor de los grandes capos de la droga. Por ello su aprehensión fue una actividad pensada y realizada como un acto de desagravio.

Tomarlo prisionero, exhibirlo y obligarlo a devolver una milésima de lo robado constituyó además un golpe político a la plutocracia y a sus instituciones; una demostración de la voluntad de lucha y de la capacidad operativa de los “descalzonados”, como él nos denomina; una demostración de que nadie, por poderoso que sea, puede ser intocable; una demostración de que con unidad de acción se puede doblegar la voluntad del enemigo y combatir la impunidad.

Pocas veces se había percibido el miedo, la confusión y el enojo que una imagen puede generar en la poderosa elite gobernante, como lo hizo la primera foto del jefe Diego cautivo que empezó a circular en internet, y que los medios de comunicación se vieron obligados a difundir. En ella se le pudo observar no con la prepotencia ni el cinismo de los que ha hecho gala el trasnochado encomendero a lo largo de su vida personal y política, sino en la total indefensión, casi parecida a la que vivimos y a la que hemos sido sometidos la mayoría de mexicanos, sólo que con una notable diferencia: A Diego le fue respetada su integridad física sin el desprecio que por la vida humana demuestra el poder con Nosotros.

Con base en los resultados de este acto, consideramos necesario compartir la convicción de que si quienes somos pueblo logramos organizarnos en una sola voluntad política nacional, en una colosal fuerza social organizada, podremos hacer frente común a la injusticia y a la impunidad, a fin de derrotar a nuestros opresores y acordar la organización de una sociedad verdaderamente humanizada. Y pese a tener innumerables imputaciones en su contra y de que miles de ciudadanos exigen su legítima ejecución, conscientes estamos de que la verdadera solución a la crisis que vive el país no está en liquidarlo, sino en la capacidad del pueblo para organizarse y retomar las riendas de su propio destino, recurriendo a todos los medios a su alcance.

Como parte del pueblo organizado decidimos realizar una tarea, la responsabilidad es nuestra. Creemos firmemente que reapropiarse del uso constructivo de la violencia es legítimo y hemos actuado en consecuencia.

Esta tarea es parte de un proyecto más grande e importante: participar en la construcción del poder popular para transformar este país transnacionalizado en una verdadera patria digna, libre y nuestra. ¿O es mucho soñar con que las riquezas de México sean para la mayoría de los mexicanos? ¿Es ambicioso soñar con un país productivo que pueda dar trabajo y remuneración digna a sus hijos? ¿Es un sueño guajiro pensar que somos los 90 millones de pobres quienes debemos tener la posibilidad real de tomar las decisiones importantes en el modelo económico, político y cultural que deseamos? ¿Es mucho pedir un México para todos los mexicanos?

Fraternalmente:

RED POR LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL

¡CONTRA LA INJUSTICIA Y LA IMPUNIDAD, NI PERDON NI OLVIDO!

Invierno de 2010.

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