POR UN FORO SOCIAL PARA LA REFORMA INTEGRAL DEL TRANSPORTE PUBLICO EN SAN LUIS POTOSI, MEXICO.

4º. Foro Estatal sobre el Transporte Urbano

San Luis Potosí, S.L.P. Junio 19 de 2013

ESTE ES EL POSICIONAMIENTO Y LAS PROPUESTAS DEL MOVIMIENTO CIVICO DEMOCRATICO, A.C.

HABLEMOS DE DEMOCRACIA Y TRANSPORTE PUBLICO

(..porque el FORO que ha convocado el poder legislativo potosino, con todo respeto sea dicho,  NO ES NINGUNA GRACIOSA CONCESION sino producto de la lucha social de miles de potosinos y potosinas durante muchísimos años...)

Es imprescindible trabajar en aportes de índole ciudadana, académica, social, sindical, no gubernamental, a través de propuestas y Estudios de la Realidad Económica y Social, dirigidos a los actuales detentadores de la Política y a quienes toman, hasta el momento, decisiones sobre Políticas Públicas de Movilidad Urbana, ya sea Gobiernos Federales. Estatales o Municipales, articulándose en temas de espacios públicos, democratización del transporte en la ciudad, optimización del transporte público para las mayorías y promover los sistemas BRT (Bus Rapid Transit) de éxito demostrado en muchos países de Latinoamérica.

Ya no podemos seguir en zona de espera. Ha llegado el momento de Hablar Actuando.

En lo particular, consideramos que HOY 19 DE JUNIO DE 2013, en este FORO DE TRANSPORTE convocado por el poder legislativo potosino, LOS DE la ciudadanía llevamos desventaja como siempre, pues a esta fecha es hora de que no se nos ha dado a conocer AMPLIA Y CABALMENTE TODO lo relacionado con el multimillonario ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA que desde 2012 el Gobierno del Estado concursó con el despacho Felipe Ochoa y Asociados, que de acuerdo a los términos de referencia del concurso, ya se procedió a terminarlo y, dado que SOLAMENTE se ha semi-informado A LA POBLACION EN GENERAL que ya se entregó a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Publicas estatal, SERIA PERTINENTE CONOCERLO EN SU TOTALIDAD, y no nada más quedarnos con la información parcial y amañada que sugiere o induce a soluciones que de otra forma necesitan el consenso y no nada más el interés de privados y funcionarios.

EN SI, LO QUE SABEMOS HASTA EL MOMENTO POR PARTE DEL MENCIONADO ESTUDIO ES QUE "Hay demasiadas rutas de camiones urbanos, lo que provoca altos costos de operación, vialidades saturadas y contaminación ambiental, advierte el propuesto Plan Integral de Movilidad.

 El transporte urbano de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí es un caos. Al menos eso es lo que afirma el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable realizado por el despacho Felipe Ochoa y Asociados, con recursos del Banco Mundial (BM).

¿Echar a andar un proyec­to de metrobús es la única solución?.

Los resultados del estudio arrojaron que las mil unidades de transporte público existentes en San Luis distri­buidas en 72 ramales son excesivas, porque la mayor parte del tiempo operan con una ocupación del 30 o 35%, lo que provoca altos costos de operación, kilómetros en vacío, vialidades urbanas muy saturadas y contaminación atmosférica.

La sobreoferta de transpor­te público, aseguran los autores, se acentúa en “horas valle” cuan­do existe menor demanda del ser­vicio. Adicionalmente, la Zona Metropolitana no cuenta con uni­dades de baja intensidad como otras ciudades del país, dígase combis o microbuses.

Agrega que los autobuses usan paradas informales, lo que incre­menta el tiempo de transporte. Los usuarios esperan en promedio 8 minutos para tomar el camión y caminan 5 minutos después de bajarse para llegar a su destino.

La zona centro tiene potencial de convertirse en polo turístico, advier­ten, pero tiene altas limi­taciones de capacidad vial. Requiere movilidad no motorizada y reordena­miento de rutas.

Implementar un sistema de trans­porte que aproveche la infraestruc­tura vial existente, reduzca los tiem­pos de viaje, alivie la presión sobre calles y avenidas y reduzca la con­taminación vehicular es el objetivo.

¿QÚE HACER?

El Plan Integral de Movilidad propone la puesta en marcha de dos rutas de metrobús, que se conocerían como corredor 12 y corredor 03. El prime­ro beneficiaría a un total de 52,639 pasajeros, mientras que el segundo ayudaría a 43, 773 potosinos.

El Corredor 3 circularía por la carretera San Luis Querétaro, avenida Universidad, calle Juan Sarabia, Manuel José Othón, 20 de Noviembre, Reforma y Constitución. El Corredor 12 circularía por Salvador Nava, carretera a Matehuala, Acceso Norte, 20 de Noviembre, avenida de la Paz, carretera a Zacatecas, Avenida doctor López Hermosa, Morales Saucito, Azufre, calles Cobre y Antimonio, Arsénico, Pintores, avenida Venustiano Carranza hasta la Glorieta Bocanegra y calles Niño Artillero y doctor Manuel Nava.

Los autobuses tendrían capa­cidad para 100 pasajeros, contarían con un carril preferente y los para­buses se ubicarían cada 330 metros. Un buen número de rutas actuales desaparecerían antes de que el nue­vo sistema entrara en operaciones.
El grupo consultor sugiere, como una segunda posibilidad, comprar autobuses de 160 pasajeros, pero advierte que para echar andar esta propuesta se requerirían construir obras costosas para sustituir el carril de rodamiento.

La puesta en marcha de ambos corredores requiere una inversión global de 438 millones de pesos, el 45 por ciento sería aportado por la Iniciativa Privada y el 55 por cien­to restante por la administración pública.

 Cabe recordar que la elabo­ración del estudio costó 15 millo­nes de pesos y fueron aportados por el Banco Mundial, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que administra Banobras. Por esa razón, el plan considera que el Fonadin aportaría el 27 por ciento de los recursos necesarios para que los corredores se conviertan en una realidad.

PLANEANDO CORREDORES DE TRANSPORTE

CORREDOR TRONCAL 3

> 16.2 kilómetros de carril preferente.
> 1 terminal.
> 99 estaciones y/o paradas en ruta.
> 18 unidades de alta capacidad con capacidad de 100 pasajeros.

CORREDOR TRONCAL 12

> 23.5 kilómetros de carril preferente.
> 1 terminal.
> 144 estaciones y/o paradas en ruta.
> 29 unidades de alta capacidad con capacidad de 100 pasajeros.
---..."

LO ANTERIOR MARCA YA UNA ENORME DIFERENCIA HACIA LA PROBABLE Y DESEADA SOLUCION DE TAN AÑEJO PROBLEMA EN SAN LUIS POTOSÍ, México.

En estos tenores, ya desde 2009, 2010, 2011, 2012, muchas organizaciones de lucha ciudadana nos posicionamos al respecto ya habiendo previsto tal diagnostico y adelantado propuestas, y fue muy esperado el estudio oficial (aunque caro y retrasado) pero SI YA SE CUENTA CON LOS ESTUDIOS, AHORA HAY QUE DIFUNDIRLOS, CONSENSARLOS Y PERFECCIONARLOS CON LA OPINION CIUDADANA, Y DE TODAS LAS PARTES BUSCANDO UN SISTEMA INTEGRAL, EFICIENTE, JUSTO, DEMOCRATICO, Y ECONOMICO.

QUE YA NO SEA NUNCA MAS EL NEGOCIO DE UNOS CUANTOS EN PERJUICIO DE LA MAYORIA.

Saber de Transporte*, no es conocerlo; para conocerlo hay que vivirlo cotidianamente. El Transporte Público es la Herramienta indispensable de movilidad para una mejor calidad de vida, desarrollo y economía regional. Si el Sistema de Transporte Urbano Público se estanca y no se moderniza, entonces se estanca también el desarrollo Socio económico de la entidad, empobreciendo la calidad de vida del Ciudadano.

(*con especial dedicatoria a los integrantes del "Consejo Técnico Consultivo del Transporte" presidido por el titular de la SCT estatal, a los 27 diputados estatales, al gobernador y al Secretario de Comunicaciones y Transportes, a los presidentes municipales, miembros de los cabildos y funcionarios de ayuntamientos, y, en general, a los opinólogos que de todo dicen saber pero nada hacen para resolver correctamente este problema)

Requerimos una verdadera Autoridad Metropolitana del Transporte en San Luis Potosí. Un Plan de Ordenamiento Territorial acorde a las actuales y futuras necesidades de crecimiento y de movilidad urbana. 

Una Instancia de Fiscalización del Servicio de Transporte Urbano Colectivo que garantice a la ciudadanía usuaria equidad, economía, eficiencia y dignidad, así como transparencia y participación en la toma de decisiones.

Ya no más acuerdos de intereses entre políticos corruptos y permisionarios voraces. Abrámonos a la modernidad. Que los municipios tengan la responsabilidad del servicio público de transporte colectivo y que el estado solo sea órgano normativo. Que el legislativo regule un marco tarifario justo y equitativo, garantizándonos tener toda la información técnico-financiera-jurídica pertinente, oportuna y suficiente para la toma de decisiones y, sobre todo, que los diputados y otros funcionarios estatales y/o municipales no sean juez y parte, es decir que ya no trafiquen con concesiones a su favor ni representen solo los intereses de los permisionarios como lo han hecho hasta ahora. 

YA ES HORA DE QUE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA TOMEMOS CARTAS EN EL ASUNTO ANTE EL FRACASO DE LOS GOBIERNOS Y LEGISLADORES EN EL TEMA.

URGE Y ES NECESARIO CONTAR CON UN SISTEMA ESTRUCTURADO DE TRANSPORTE COLECTIVO DIGNO, EFICIENTE Y ECONÓMICO. HAGAMOS QUE HAYAN VALIDO LA PENA LOS MAS DE QUINCE MILLONES DE PESOS GASTADOS DE NUESTROS IMPUESTOS PARA EL ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA QUE PRAXTICAMENTE TUVO LA CIUDADANIA QUE OBLIGAR AL GOBIERNO A MANDAR ELABORAR.

No todo versa sobre lo TÉCNICO, pues hay consideraciones de índole social, jurídica y económica que hay que tomar en cuenta, sobre todo asegurar que el control sustancial de los PLANES DE MODERNIZACION INTEGRAL Y SU OPERACION ESTEN FISCALIZADOS PERMANENTEMENTE POR LA CIUDADANIA Y NO DEJADOS EN LAS SOMBRAS DE LOS ESCRITORIOS Y OFICINAS TANTO DE BUROCRATAS COMO DE PERMISIONARIOS O EMPRESAS.

ES IMPORTANTE revisar y vigilar el desarrollo, adecuación, actualización y cumplimiento de la normatividad y del régimen jurídico vigente en materia de transporte y movilidad urbana en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Así mismo, valorar las significaciones y alcances de la dimensión económica que el sector de transporte de pasajeros, conforme a sus características e incidencia, tiene en San Luis al respecto. Tampoco debemos dejar de lado las sustentaciones que sobre la concepción y principios de SERVICIO PÚBLICO, y principalmente sobre el reconocimiento y previsión de los derechos humanos de los usuarios, tiene obligación el Estado de garantizar.

A LA FECHA, no existe un verdadero PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD URBANA que este en concordancia con los Planes de Ordenamiento Territorial. que reorganice las rutas del transporte urbano y el tráfico sobre ejes que permitan incrementar la movilidad y abatir los enormes índices de contaminación atmosférica en nuestra ciudad capital. Dicho PLAN debería permitir instrumentar una verdadera estructura técnica, legal y financiera para la operación del Sistema de Transporte Urbano Colectivo.

ES OBLIGACIÓN INELUDIBLE DEL EJECUTIVO DEL ESTADO y no de algún otro orden de gobierno, en concurso con los Ayuntamientos, garantizarnos la prestación de un Servicio Público de Transporte EFICIENTE, SEGURO, OPORTUNO y ECONÓMICO; obligación INCUMPLIDA desde siempre, dado que es perceptible que en los últimos 30 años las administraciones estatales no han podido o no han querido tampoco, hacer uso de la totalidad de las herramientas normativas a su alcance, y como es evidente, el servicio de transporte público HOY DÍA sigue en una situación que en la realidad no corresponde con lo deseado por el pueblo potosino.

LAMENTABLEMENTE cada año, sobre todo en época de elecciones estudiantiles, aumenta el fervor social en contra de los incrementos a las tarifas ante la morosidad del gobierno del estado para resolver DE FONDO la problemática, que va mas allá de las tarifas; el actual mandatario estatal es omiso, irresponsable y probablemente INCAPAZ de hacerlo.

MIENTRAS NO SE TENGA LA VOLUNTAD NI LA CAPACIDAD DE GOBERNAR AL LADO DEL PUEBLO NINGUNA ACCIÓN DEL EJECUTIVO SERÁ BIENVENIDA.

YA ESTAMOS HARTOS HASTA EL CANSANCIO DE QUE CADA AÑO SEA LO MISMO. LA CIUDADANÍA TIENE LA ÚLTIMA PALABRA.

La reforma del transporte público significa mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

El transporte público es una industria y un negocio, además de ser una preocupación social. 

El enfoque, digamos político, del problema, reside en que en un "sistema democrático" debería de ofrecerse a la comunidad de usuarios la oportunidad real y vinculante para que exprese su opinión de Qué Es y Qué No Es importante.

Si el Estado o el Municipio, a través de sus representantes "elegidos por el pueblo", está dispuesto a auto-imponernos un impuesto específico o un aumento de tarifas, que se invierta efectivamente en la mejora sustancial y radical del transporte público, deben demostrar primero que se tendrán dichos beneficios en el sistema de transporte público, independientemente de cualquier medida cuantitativa.

Esto debería implicar un proceso político (en el sentido correcto, polis, ciudad, o muchos, y no peyorativo electoral o de grilla), dicho proceso político debería ser un indicador de los reales valores de la comunidad organizada.

Sin embargo existe la probabilidad de que dicho proceso político, sea pervertido como siempre, por unos actores y por otros, ante la falta de la organización de usuarios, y resulte nuevamente que en este proceso se represente la voluntad popular de manera equivocada. 

Así por ejemplo, la carencia de debates reales, una competencia desleal entre ideas opuestas o diferentes, la sobre-representación de intereses especiales o maliciosos o de lucro, y la consideración de temas para nada relacionados, puede inhibir, y de hecho lo hace siempre, cada año, desde hace años, la correcta interpretación de una decisión acertada sobre el transporte público como una oportunidad para medir beneficios reales a la mayoría sobre todo, incluso a los permisionarios, pero actualmente el sistema es carente de lógica, de honestidad, de transparencia y, sobre todo, carente de voluntad política de nuestros "representantes".

Este es el problema.

Y por lo tanto, ¿cuáles serían las soluciones inmediatas? ¿qué debemos hacer?

Necesitamos crear la interlocución y el enlace con universidades y asociaciones profesionales, con sindicatos y juntas vecinales, con colectivos urbanos y con medios de comunicación. Necesitamos crear las condiciones para realizar un Foro Social Ciudadano. 
http://www.facebook.com/ForoSocialReformaTransporteSLP

Esto servirá para no solo para atender el problema que hoy nos ocupa, el del transporte, sino también para el del agua potable, la inseguridad etc... pero deberemos ordenar la agenda...SI NO HAY vinculación entre las diferentes organizaciones de la sociedad civil, difícilmente habrá solución efectiva a nuestros problemas comunes.

PROPUESTA DE Articulación de un SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO O COLECTIVO:

*Municipalización del transporte público o, en su defecto, mayor integración de los ayuntamientos con poder de decisión, transparencia mediante Consejos Municipales de Transporte, CIUDADANIZADOS.

*Ordenar las concesiones, promover sistemas mixtos de movilidad.

*Diseñar Rutas Eficientes.

*Una Tarifa justa y equitativa.

*Derechos laborales de los choferes asegurados. 

*Jornada máxima para los choferes de 8 horas, no de 14.

*Tarifa Cero para Adultos Mayores de 70 años.

*Adecuación de la Planeación Urbana, contar con avenidas con carriles exclusivos al transporte, desconcentración del trafico de camiones en la alameda. 
*Rutas radiales no monocéntricas.

*Participación Ciudadana en la toma de decisiones;

*Establecer políticas de ordenamiento, y de planeación que privilegien la escala humana sobre el vehículo automotor. 

*Recuperar el concepto de Comunidad para la organización del territorio.

*Una visión integral entre los estudios de impacto ambiental y vial.

-*LA PARTICIPÁCION RESPONSABLE Y OBLIGADA CON PODER OPERATIVO Y/O EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS.

 

Finalmente, de NADA sirve REFORMAR LA LEY EXISTENTE: es necesario crear una NUEVA LEY, LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, y que no sea una simple suma de los mismos artículos de la anterior sino que responda a las nuevas necesidades y dé soporte y sea fundamento para la instauración de UN SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO, porque sería perder esta oportunidad histórica si todas las propuestas necesarias consensadas y las soluciones derivadas, NO TUVIERAN SU PROPIO MARCO NORMATIVO ESPECIFICO..

(Es muy importante crear una NUEVA Ley de Movilidad y Transporte QUE NO contenga las mismas disposiciones y estructura de la vigente Ley Estatal de Transporte Urbano. QUE NO SEA UNA SUMA DE artículos redactados de manera idéntica al documento existente; NECESITAMOS CONSTRUIR un nuevo modelo de movilidad, NO APOSTANDO AL MISMO marco jurídico.)

QUE SE COMFORME UNA VERDADERA AUTORIDAD METROPOLITANA INTERMUNICIPAL DEL TRANSPORTE COLECTIVO.

QUE ESTE FORO SE VUELVA SOCIAL Y PERMANENTE, UN VERDADERO PARLAMENTO SOCIAL Y ABIERTO, NO NADA MAS RECURRENTE Y ESPORADICO O CIRCUNSTANCIAL, PARA ESTE Y MUCHOS OTROS TEMAS DE LA SOCIEDAD A LA QUE REPRESENTAN.

INFORMACION+ORGANIZACION+PARTICIPACION Y MOVILIZACION=SOLUCION

ATENTAMENTE

ING. JOSE MANUEL MARTINEZ GUIZA

VOCERO GENERAL DEL MOVIMIENTO CIVICO DEMOCRATICO, A.C.

movcivdemslp@gmail.com

Twitter @movcivdemslp

Facebook /movimientocivicodemocratico.ac.slp

http://www.movimientocivicodemocratico.blogspot.mx

Iniciativa ciudadana para regular publicidad gubernamental en San Luis Potosí, México

APOYEMOS FIRMEMENTE ESTA INICIATIVA CIUDADANA PARA REGULAR LA PUBLICIDAD GUBERNAMENTAL Y TERMINAR ASÍ CON EL CONTROL DE LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS. 

 Al regularse la publicidad gubernamental se suprimirán malas y viejas prácticas de control gubernamental sobre medios y del abuso de muchos de estos.

En San Luis Potosí en donde “no hay dinero para nada”, se gastó en el 2011, más de 57 millones de pesos, es decir, casi 5 millones de pesos mensuales en  “publicidad oficial”. Lo anterior es inaceptable cuando se trata de dinero público, de nuestro dinero, del dinero de la famosa tenencia que se empeñaron en cobrar, del dinero de los nuevos impuestos a nominas que inventaron. 

Resulta que la ecuación es absurda: pagamos a políticos para que nos digan en los medios que son los mejores para gobernar, para luego darnos cuenta que se trataba de una farsa, de una mera percepción inducida y pagada con nuestros propios recursos. Más kafkiano no podría ser…

El informe deja en claro que el gobierno abusa de los medios de comunicación y muchos medios de comunicación chantajean al gobierno en una relación perversa que, pone a las y los periodistas ante la disyuntiva de ganar más como vendedores de “publicidad oficial”, u obtener sueldos paupérrimos y quedar fuera del círculo de los reporteros más destacados del medio para el que trabajan.

Resulta urgente cambiar la relación entre ciudadanos, gobiernos y medios para que el uso de estos recursos públicos sea idóneo. Los mensajes tienen que llegar a las personas que los requieren. Una propuesta sería la de acotar todos los mensajes de los gobiernos a los tiempos de Estado; otra manos radical implica una serie de reglas y mecanismos para que los medios se usen para lo que son: promocionar los derechos humanos y garantizar el derecho a la información.

En San Luis Potosí no existe norma especifica que determine los criterios de asignación de la publicidad oficial. Esta repartición discrecional de la publicidad oficial, debilita el pluralismo informativo y favorece la sospecha de favoritismo político a ciertos medios de comunicación. Es claro que el gobierno local trata de construir su escasa legitimación a través de un simulacro de información, en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas.

Finalmente con el objeto de ser propositivo, el pasado mes de enero presente ante el Congreso una iniciativa precisamente para generar una regulación local que termine con este  abuso y despilfarro de millones de pesos. La iniciativa puede ser consultada en: http://issuu.com/garzamarroquin/docs/iniciativa_con_proyecto_de_decreto?mode=window.

Al tiempo se verá el “compromiso” de quienes se ostentan como nuestros “representantes”. ¿Actuarán con sensatez o se convertirán en besa manos? No lo se, al tiempo

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Iniciativa Ciudadana

San Luis Potosí a 11 de diciembre de 2012

Ciudadanas y ciudadanos legisladores integrantes de la LX

Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

C.C. Secretarios de las Comisiones.

Presentes.

José Mario de la Garza Marroquín, ciudadano potosino, en pleno ejercicio de los derechos políticos que me reconoce de forma amplia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y en particular su artículo 61 respecto del derecho de iniciar leyes; en conformidad con lo preceptuado en los artículos 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y con arreglo a lo dispuesto en los artículos 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar artículo 52 Bis a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; y reformar la fracción XXV del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad de establecer en nuestra legislación vigente los lineamientos mínimos para la contratación de publicidad en medios de comunicación por parte de las entidades públicas y las respectivas obligaciones análogas en materia de transparencia y rendición de cuentas, con base en la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, inciso 3, establece que: "No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones". Sin ánimo de discurrir el alcance de este derecho en su espectro constitucional más amplio, y sus consecuentes implicaciones en los gobiernos locales, es innegable que nuestro país ha dado pasos significativos para normar y transparentar los esquemas de comunicación gubernamental, hasta ahora restringidos a la regulación en períodos electorales o respecto de la modalidad que deben guardarlos mensajes oficiales subvencionados con recursos públicos, pero que finalmente son indicativos de una tendencia que cobra cada vez mayor fuerza y consenso social: el uso de recursos públicos para contratar publicidad en medios de comunicación por parte de las entidades gubernamentales no puede, ni debe, seguir siendo un resabio de discrecionalidad o intento de control por parte de las autoridades, y que al regularlo con parámetros mínimos y transparencia, se abonará a ensanchar y consolidar la libertad de expresión de los medios de comunicación y de sus trabajadores.

Por su parte, la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión consigna en su numeral quinto que: "La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión". Mas allá delos abiertos ataques de que pudieran ser víctimas los medios de comunicación y los comunicadores, es evidente que uno de los principales recursos que utilizan las autoridades en nuestro país para obtener un trato preferencial por parte delas empresas de medios, es condicionar la celebración de convenios de publicidad o el pago de los mismos, a la moderación de la línea editorial y la crítica que pueden verter sobre las distintas actuaciones gubernamentales.

Baste recordar aquella penosa frase de "No pago para que me peguen", acuñada por José López Portillo hace más de 30 años, a propósito del discurso del prominente periodista potosino, Francisco Martínez de la Vega, quien durante la celebración del Día de la Libertad de Prensa, expresó ante el entonces presidente su inconformidad por el retiro de la publicidad oficial a la revista Proceso: “Cuando la autoridad sataniza a un profesional o a una publicación,algo falla en esa relación, pues basta que se haga pública la hostilidad de una autoridad hacia algún órgano periodístico para que la existencia de ese órgano se haga casi imposible, ya que sobran quienes, en todos los sectores, prefieren halagar a la autoridad que mantener una relación normal con el periodista y su publicación satanizados. No puedo soslayar que esta situación es preocupación grave para el periodismo mexicano".

Por su parte, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que: "Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados"; y en cuanto a la contratación de anuncios en los medios de comunicación preceptúa que: "La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos,las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar"

Como puede apreciarse, el artículo constitucional comienza invocando principios de eficiencia y eficacia a la hora de utilizar recursos públicos, y concluye estableciendo principios rectores para la emisión de los mensajes que emitan las autoridades gubernamentales, el eslabón que podría completar esta ecuación relacional entre la optimización de los recursos públicos y la des-partidización, des-personalización y des-politización de la propaganda gubernamental, es sin duda, la reglamentación y publicidad de los procedimientos de contratación de los medios de comunicación por parte de las entidades gubernamentales.

No omito señalar que a nivel nacional destacan dos iniciativas que han propuesto la emisión de una nueva legislación en aras de regular la contratación de publicidad oficial, una del Senador Javier Corral Jurado; y otra presentada de manera conjunta por el Senador Carlos Sotelo García y la Diputada Federal Valentina Batres Guadarrama. Ambas propuestas parlamentarias, en síntesis, buscan definir un nuevo marco normativo para transparentar y hacer más equitativa y eficiente la propaganda gubernamental.

A nivel local, el 4 de junio de 1998 fue aprobado un punto de acuerdo que entre otras cosas acordaba: "Que esta Legislatura no vuelva a pagar publicidad a tarifas que no sean las que rigen comercialmente, y exigir a los poderes Ejecutivo y judicial, así como a los 58 municipios, se abstengan de realizar el pago de publicidad a tarifas superiores a las comerciales".

Además del punto de acuerdo presentado en mayo del 2005 por parte de los legisladores Pedro Pablo Cepeda Sierra, Eduardo Martínez Benavente y Juan Ramiro Robledo Ruiz que entre los aspectos más relevantes planteaba: "Exigir del Poder Ejecutivo del Estado, todas sus dependencias incluidas, que de (sic) a conocer públicamente toda la información relacionada a la forma en que distribuye los recursos destinados a publicidad oficial, independientemente del concepto con que la denomine (apoyo informativo, paquete publicitario,gacetilla, etc.), cuanto asigna a cada medio (locales y nacionales), la justificación de cada una de las asignaciones y los criterios que le permiten pacer esas asignaciones':Con diferentes tonos e intensidades, es perceptible la necesidad de profundizarlas libertades públicas y el derecho a la información de los potosinos a través del uso eficiente, equitativo y transparente de la publicidad publica.

Esta iniciativa recoge ese espíritu, pero con la salvedad de que la presente propuesta no aspira a definir grandes consideraciones generales en materia regulatoria, ni profundas reflexiones políticas desde una perspectiva filosófica, sino simplemente asegurar una serie de parámetros elementales que procuren con viabilidad, utilidad, consistencia y legitimidad, mejores y mas confiables practicas gubernamentales en la política de comunicación social en el estado de San Luis Potosí.

Una delas condiciones inherentes a la calidad de la democracia es la relativa a la manera en que los ciudadanos se informan y participan de los asuntos públicos, así como la forma en que las entidades públicas colocan sus mensajes informativos en la opinión pública a través de los medios de comunicación. No debe olvidarse que la tarea de gobernar no solo debe rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración y los resultados que alcanzan las políticas públicas, sino además,explicar porque el gobierno elije determinados mecanismos para informar a los ciudadanos de sus acciones y si esta información está siendo impactando sustancialmente en la percepción de la sociedad.

Desde nuestro punto de vista, los instrumentos de comunicación que elijen las entidades gubernamentales deben atender dos principios fundamentales para saber si es justificado emplear en ellos recursos públicos: cuál es el objetivo que se desea alcanzar al comunicar las acciones de las instituciones públicas y si ese propósito se está cubriendo eficazmente.

Fin y rentabilidad, son las dos perspectivas fundamentales que deben orientar la toma de decisiones sobre qué medios se deben contratar y qué cantidad de dinero debe destinárseles. En la medida que esta elemental ecuación sea normada con claridad y transparentada públicamente, los medios de comunicación dispondrán de mayores márgenes de autonomía para no condicionar sus contenidos a la obtención de mejores condiciones en los contratos de publicidad, y asegurara a los ciudadanos un efectivo derecho a la información pues los recursos públicos no podrán utilizarse con un sesgo de control, ni conveniencia política.

Con fundamento en las disposiciones legales invocadas y motivado en los antecedentes y argumentos anteriormente desarrollados, se propone a la consideración de este honorable Pleno, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. Se aprueba adicionar artículo 52 Bis a la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY DE ADQUISICIONES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTICULO 52 BIS. Cuando los poderes del estado, los organismos Constitucionales autónomos,los ayuntamientos, y cualquier entidad pública contraten publicidad a través de los diversos medios de comunicación, además de todas las disposiciones de la presente ley, observaran los siguientes lineamientos:

I.- Procurar un criterio de pluralidad, equidad y eficiencia en la distribución del presupuesto destinado a contratación de publicidad oficial en medios de comunicación;

II. Indicar criterios sobre la forma que distribuyen la publicidad en  conformidad con la planeación anual y con los objetivos estratégicos;

III. Definir los costos globales, las tarifas unitarias y los resultados esperados por cada campaña informativa de cada medio de comunicación respecto del servicio solicitado;

IV. Publicitar los procesos de elección de proveedores para cada acción de comunicación que realicen especificando la población objetivo, la meta comunicacional que se espera alcanzar y los requisitos técnicos de los servicios contratados, y

V. Encaso de no elegir a un medio de comunicación para contratar sus servicios deberá justificar por escrito los motivos de la negativa, sin menoscabo de los recursos que este pueda ejercer en su derecho.

SEGUNDO. Se aprueba reformar la fracción XXV del artículo 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

ARTICULO 19. Además de la señalada en el artículo 18 de esta Ley, las entidades públicas deberán poner a disposición del público, de oficio, en forma completa y actualizada, la siguiente información:

I.

II.

III.

…

XXV. En la contratación de información que difundan a través de los diversos medios de comunicación escritos, electrónicos, cibernéticos, estáticos y cualesquiera otros que impliquen erogar recursos públicos con una finalidad informativa, las entidades públicas deberán publicar y actualizar lo siguiente:

a)Programa operativo anual, estableciendo el objetivo para cada acción de comunicación,los mecanismos de evaluación de dichas acciones, y la estrategia general y particular de los medios de comunicación que deberán emplearse en cada actividad atendiendo a la meta que pretenda alcanzarse;

b)Presupuesto total asignado a actividades de comunicación y de forma desagregada la distribución total del mismo;

c) Versión documental pública de los procesos de contratación, licitación, adjudicación o cualquiera otro que se hubiera empleado para elegir al proveedor;

d)Listado pormenorizado de los convenios de publicidad celebrados con cada medio de comunicación y versión publica de cada uno de ellos;

e)Listado de cheques erogados por concepto de contratación de publicidad oficial y versión pública de cada uno de ellos;

f) Cada trimestre, actualización de la ejecución presupuestal con el respectivo desglose de avance en el cumplimiento del objetivo estratégico de cada acción de comunicación, y

g) Evaluación trimestral con perspectiva costo-beneficio de los recursos ejercidos contra el tipo de publicidad contratada.

XXVI...            , y

XXVII...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto.

http://issuu.com/garzamarroquin/docs/iniciativa_con_proyecto_de_decreto 

Tu voz puede hacer la diferencia. Gracias por socializar esta iniciativa y difundirla para lograr su apoyo.
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TRANSPARENCIA Y DEMOCRACIA

 Vivimos una época de crisis que ha traído, entre otras cosas, un cierto alejamiento de la ciudadanía respecto de todo lo relacionado con la res pública y una creciente desconfianza hacía quienes ejercen responsabilidades políticas, hacía las instituciones en que los mismos se integran y hacia las decisiones que de ellas emanan. Y es en épocas de incertidumbre y desazón como éstas cuando se hace necesario recordar que uno de los pilares del buen gobierno es la efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos, requisito indispensable para conseguir la necesaria corresponsabilidad en la adopción de las decisiones públicas y la consecuente confianza entre gobernantes y gobernados. Una participación ciudadana que debe garantizarse, no sólo a nivel individual, como derecho de la ciudadanía, sino también a nivel colectivo, como derecho de los grupos, entidades y asociaciones que aglutinan y canalizan las aspiraciones comunes de los ciudadanos y ciudadanas.

En este sentido, y en el ámbito de las políticas PÚBLICAS, la participación ciudadana se constituye en elemento esencial para dotar de legitimidad a unas decisiones que deben ir encaminadas a la garantía de derechos individuales y colectivos, al combate efectivo contra la corrupción, a la protección del entorno, a la consecución de unos estándares mínimos de calidad ambiental, a la evolución de pensamiento y de acción como ciudadanía y a la consecución de democracia plena, sin simulaciones ni cortapisas. Ahora bien, la participación ciudadana no sería en ningún caso posible si no se garantizara previamente un adecuado acceso de la ciudadanía a la información que debe permitirle disponer de los datos y los elementos de juicio necesarios para ejercer con propiedad sus capacidades de decisión.

Participación y acceso a la información son, por tanto, las dos caras de una misma moneda y constituyen una dualidad cuya existencia debe quedar suficientemente garantizada como requisito indispensable de una adecuada Democracia. A este respecto, la complejidad de las políticas ambientales y de los procesos en que éstas se desenvuelven, determinan que la participación de la ciudadanía se canalice fundamentalmente a través de las organizaciones ambientales y de las asociaciones ecologistas, que están llamadas a desempeñar un papel esencial en la labor de protección del medio ambiente como colaboradores de los poderes públicos, ya sea complementando con sus propios medios las limitaciones en los recursos públicos o supliendo con su determinación y el apego a sus principios, las debilidades y carencias propias de quien debe someter su voluntad al juego de intereses que es la política.

En una época en que, más que nunca, la información es poder, la opacidad y el secretismo gubernamental siguen constituyendo el instrumento preferido de quienes se oponen a transferir ese poder a la ciudadanía y para ello no dudan en privarle de las herramientas esenciales para hacer efectivo su derecho de acceso a la información, verdadera pieza de clave del derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

SOBRE LA TRANSPARENCIA

1. Entendemos la transparencia como el derecho al acceso a toda la información socialmente disponible. Consideramos este acceso un derecho básico, necesario para poder ejercer el conjunto de derechos recogidos en la declaración universal de derechos humanos.

2. El derecho a la información debe ser garantizado por ley; debe abarcar tanto a los asuntos en que las personas son directamente interesadas como aquellos en que lo son indirectamente.

3. Debe incluir no solo los asuntos de carácter administrativo, sino a toda la información en poder del gobierno y de la administración, o de otras instituciones que la posean en su nombre. La información es propiedad de la ciudadanía no del Gobierno.

4. La Ley debe, igualmente, regular la información que especifica y periódicamente el estado y los distintos organismos públicos deben dar a conocer a los ciudadanos sin necesidad de que medie petición previa.

5. Debe regularse la obligación de las empresas privadas a publicar regularmente toda la información referente a los productos y servicios que ponen a la venta, y al proceso mismo de producción, con el objeto de conocer sus características, y así evitar que se produzcan riesgos para las personas y el medio ambiente

6. Los trabajadores deben disponer de toda la información referente a la repercusión del trabajo en su salud, así como la de carácter contable y patrimonial de su empresa, de tal forma que se pueda conocer en cada momento lo que aportan individual y colectivamente a la misma, en términos económicos y monetarios.

7. La información relevante para la toma de decisiones debe ser fácilmente accesible y presentarse de forma sencilla y compresible, en formatos estandarizados.

8. Todos los ciudadanos deben tener el nivel de instrucción (educación) y de acceso a las tecnologías de la información que permita el ejercicio efectivo de este derecho.

SOBRE EL CAMBIO SOCIAL INMINENTE HACIA LA DEMOCRACIA PLENA

1. El Cambio Social Inminente tiene como objetivo la consecución de una sociedad libre y transparente.

2. Nuestro ideario tiene como marco general la defensa de los derechos humanos, tal como vienen recogidos en la declaración universal.

3. Nuestra concepción de libertad puede entenderse como la lucha contra la dominación arbitraria sobre las personas o grupos de personas.

4. Esta dominación arbitraria puede ser llevada a cabo por otros individuos, grupos de cualquier naturaleza o el propio Estado.

5. Entendemos la transparencia como el derecho al acceso a toda la información disponible socialmente.

6. En el ámbito de la democracia representativa, tanto los políticos como los empleados públicos tienen sus propios objetivos e intereses, y la tendencia a retener o mantener en secreto la información de que disponen, con el objeto de dificultar que se vean los errores, negligencias y delitos que cometen.

7. En el ámbito de la economía existe una asimetría de información entre los propietarios de los medios de producción de bienes y servicios y los gestores, con respecto a los trabajadores de sus empresas, así como en relación al conjunto de los ciudadanos en su vertiente de consumidores.

8. Con carácter general existe una asimetría de información entre las personas y grupos dominantes en relación con los dominados, siendo en muchos casos esa asimetría la que mantiene el poder o lo legitima.

9. La transparencia es un medio para impulsar la lucha por la libertad, y es un objetivo en si mismo. No existe una democracia plena sin una total transparencia política y social.

DEMOCRACIA CIUDADANA DIRECTA, MEJOR QUE LA "REPRESENTATIVA"

Para mejorar las condiciones de vida de todos nosotros los CIUDADANOS, en el ámbito político, es conveniente cambiar la DEMOCRACIA “Representativa” actual por una DEMOCRACIA “Ciudadana Directa” donde la operatividad del Estado sea por participación ciudadana retribuida.

Al hacer que nuestra DEMOCRACIA sea “Ciudadana Directa” realmente podremos participar en la operatividad del País y no como hasta ahora que los Partidos Políticos sólo recurren a nosotros para que legitimemos a sus “representantes” y “gobernantes” haciéndonos participar en ejercicios electorales muy cuestionables.

Ahora que los CIUDADANOS tenemos el recurso de INTERNET y el aliento de los MEDIOS DE COMUNICACIÓN y de las INSTITUCIONES EDUCATIVAS, podremos liberarnos de la DEMOCRACIA “Representativa” que nos agobia.

Los Partidos Políticos deben convertirse en Universidades y capacitar a sus militantes para que, como CIUDADANOS, concursen por los puestos “públicos” del “gobierno”. No debe ser, como actualmente ocurre, que, por votación manipulada, alguien llegue a ocupar un puesto “público”. Debe ser por examen y sorteo que cualquier CIUDADANO pueda llegar a ser un “Servidor Público”.

Al lograr que todos nosotros los CIUDADANOS participemos en la operatividad del País, dejará de haber “clase gobernante” y “clase gobernada”.

La DEMOCRACIA “Representativa” actual es un invento de todos aquellos seres humanos “iluminados” que abrigan la ilusión de disfrutar de la gloria, privilegios y otros beneficios de “gobernar” a otros seres humanos menos “despiertos” que ellos.

La DEMOCRACIA “Representativa” es una estrategia para manipularnos a nosotros los CIUDADANOS y quitarnos la pequeña cantidad de PODER que se haya distribuido en cada uno de nosotros, para concentrarlo en unos cuantos “representantes” y “gobernantes” que invariablemente han usado este PODER, concentrado en sus manos, para beneficio propio y no de todos.

EL PODER CÍVICO Y LA ACCIÓN POPULAR ¡SON EL CAMINO HACIA LA DEMOCRACIA PLENA!

El cambio de fondo que México requiere es "Construir Ciudadanía"; organizada, informada y activa; para ejercer su papel de MANDANTE (art.39); cambiar de partidos, cambiar de políticos en el papel de MANDATARIOS, es más de lo mismo, una Democracia Representativa que al NO tener el contrapeso de la Ciudadanía, termina por convertirse en Partidocracia.

Un claro indicador del menosprecio que tienen ese tipo de políticos por nosotros como ciudadanía, es que todos ellos nos ven como imbéciles incapaces de distinguir el populismo omnipresente en sus campañas proselitistas que es reemplazado por el robo descarado y voraz de los recursos públicos una vez que llegan al poder.

Y si alguno tuviera todavía el descaro de preguntar qué es populismo, entonces les damos algunos ejemplos: la clásica estrategia de todos los partidos de repartir despensas, gorras, playeras y hasta efectivo durante sus campañas electorales con objeto de comprar el voto de los más pobres; la malsana alianza de partidos antagónicos ideológicamente para aprovecharse de los mexicanos; el discurso hueco utilizado por todos los partidos en los que juran llevarán recursos a los más necesitados y al final de cuentas esos recursos se quedan en sus bolsillos.

No, definitivamente no existen políticos más populistas que aquellos que forman parte de los partidos políticos. Y nos referimos a todos los partidos, los actuales y los que se incorporan año con año como en este 2013, todo por dinero, modus vivendi y por poder de cúpulas, nunca por el pueblo.

DECÁLOGO CÍVICO-DEMOCRÁTICO Y DE EVOLUCIÓN DEL PUEBLO DE MÉXICO

1. El/la ciudadano/a es el jefe; todo servidor público debe responder y satisfacer los anhelos y expectativas de los/as ciudadanos/as.
2. Los partidos nos parten; somos México.
3. El liderazgo del siglo XXI, no forma súbditos ni seguidores, inspira el liderazgo que cada mexicano tiene para transformarlo en líder.
4. Los/as ciudadanos/as del siglo XXI, saben que ningún mesías o partido político los salvará; son ellos los actores de la transformación de México.
5. El compromiso cívico-democrático y la evolución del pueblo mexicano empieza en la actitud y mente de cada uno, el/la mexicano/a que despierta para darse cuenta que el México que sueña para sus hijos es responsabilidad de él/ella.
6. El compromiso ciudadano va mas allá de la participación en votar; consiste en vigilar que sus empleados (servidores públicos) hagan las cosas que deben hacer; para las cuales han sido contratados o seleccionados y se les paga con nuestro dinero (impuestos)
7. El/la mexicano/a puede ser votado/a; sin exigencia de subordinación o esclavización a un partido político o líder populista que puede envenenarles.
8. Dar ejemplo de ciudadanía ejemplar; conductas legales, solidarias y orientadas al bien común.
9. Ser firme, exigente y representativo/a de la voz de la ciudadanía con actitud pacífica y solidaria..
10. Reconocer a los/as mexicanos/as como integrales; seres con mente, cuerpo y corazón necesitados de libertad, justicia, reconocimiento, en la búsqueda continua del bien común e individual.

TE INVITAMOS A REFLEXIONAR Y ACTUAR

Movimiento Cívico Democrático AC , Mayo 5 de 2013